El triunfo del interés público

Después de meses de reuniones y discusiones que mostraron el peor aspecto de la intervención internacional en asuntos internos, y aunque la presión para sabotear la decisión fue implacable, Colombia tiene por primera vez un fármaco de interés público, lo que faculta al Gobierno para fijar su precio de venta, de tal manera que sea más asequible para los pacientes y menos oneroso para un sistema de salud colapsado.

Se trata del imatinib, un medicamento revolucionario que ayuda a combatir de manera mucho más sencilla y eficaz el cáncer llamado leucemia mieloide crónica (LMC), que empieza en las células productoras de sangre de la médula ósea. En palabras de una paciente entrevistada por El Espectador: “A ese fármaco le debo la vida”.

Novartis, empresa farmacéutica de origen suizo, cuenta con la patente del imatinib en 40 países, que comercializa con el nombre de Glivec. El problema, según el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y un comité asesor, es que el precio de venta al público es demasiado elevado, muy por encima de lo que valdría en un contexto de competencia razonable, y por lo tanto sobrecarga un sistema de salud que ya de por sí no tiene los suficientes recursos para garantizar los derechos de los colombianos. En síntesis, es muy costoso y, por ende, muy difícil cubrir el costo del tratamiento de los cerca de 3.200 pacientes en el país que necesitan el Glivec.

Según cálculos, en los últimos seis años este medicamento le ha costado cerca de $400.000 millones al sistema de salud. Por eso, y ante la opción de decretar una licencia obligatoria que facilite la entrada de competidores al mercado, Novartis y el Ministerio de Salud llevaban meses de negociaciones infructuosas. La multinacional no mostró una intención genuina de reducir el precio a los niveles pedidos por el Gobierno, y mucho menos de permitir una licencia obligatoria.

En una muestra de cómo funcionan las potencias económicas cuando ven sus intereses posiblemente afectados, al despacho del ministro y a Presidencia llegaron cartas de altos funcionarios de Suiza hablando sobre cómo una decisión en contra de Novartis podría afectar los lazos comerciales entre los dos países. Del Congreso de Estados Unidos llegó una carta advirtiendo, entre otras cosas, que el apoyo de ese país al posconflicto, comprometido desde la Casa Blanca, se vería truncado en caso de una licencia obligatoria. ¿Entonces Colombia perdió la potestad de proteger a sus ciudadanos por hacer negocios internacionales? ¿De verdad pedir un precio justo da pie a este tipo de amenazas?

El ministro Gaviria fue claro en su anuncio: “Las negociaciones se rompieron de manera definitiva, así que lo que sigue es el paso recomendado por el grupo de expertos: el Gobierno debe hacer la declaratoria de interés público”. Firmada la resolución, el siguiente paso estará a cargo de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos, que determinará el nuevo valor de Glivec. Ese organismo será el encargado de determinar un nuevo valor.

Contrario a lo que insinúan los críticos, el Ministerio de Salud demostró diligencia tanto en la motivación de sus actos como en los esfuerzos de llegar a un acuerdo voluntario, y el interés público en reducir el precio del medicamento ha sido demostrado. En últimas, el Estado colombiano tomó una decisión difícil, pero necesaria, que afectará positivamente las vidas de los pacientes.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Después de meses de reuniones y discusiones que mostraron el peor aspecto de la intervención internacional en asuntos internos, y aunque la presión para sabotear la decisión fue implacable, Colombia tiene por primera vez un fármaco de interés público, lo que faculta al Gobierno para fijar su precio de venta, de tal manera que sea más asequible para los pacientes y menos oneroso para un sistema de salud colapsado.

Se trata del imatinib, un medicamento revolucionario que ayuda a combatir de manera mucho más sencilla y eficaz el cáncer llamado leucemia mieloide crónica (LMC), que empieza en las células productoras de sangre de la médula ósea. En palabras de una paciente entrevistada por El Espectador: “A ese fármaco le debo la vida”.

Novartis, empresa farmacéutica de origen suizo, cuenta con la patente del imatinib en 40 países, que comercializa con el nombre de Glivec. El problema, según el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y un comité asesor, es que el precio de venta al público es demasiado elevado, muy por encima de lo que valdría en un contexto de competencia razonable, y por lo tanto sobrecarga un sistema de salud que ya de por sí no tiene los suficientes recursos para garantizar los derechos de los colombianos. En síntesis, es muy costoso y, por ende, muy difícil cubrir el costo del tratamiento de los cerca de 3.200 pacientes en el país que necesitan el Glivec.

Según cálculos, en los últimos seis años este medicamento le ha costado cerca de $400.000 millones al sistema de salud. Por eso, y ante la opción de decretar una licencia obligatoria que facilite la entrada de competidores al mercado, Novartis y el Ministerio de Salud llevaban meses de negociaciones infructuosas. La multinacional no mostró una intención genuina de reducir el precio a los niveles pedidos por el Gobierno, y mucho menos de permitir una licencia obligatoria.

En una muestra de cómo funcionan las potencias económicas cuando ven sus intereses posiblemente afectados, al despacho del ministro y a Presidencia llegaron cartas de altos funcionarios de Suiza hablando sobre cómo una decisión en contra de Novartis podría afectar los lazos comerciales entre los dos países. Del Congreso de Estados Unidos llegó una carta advirtiendo, entre otras cosas, que el apoyo de ese país al posconflicto, comprometido desde la Casa Blanca, se vería truncado en caso de una licencia obligatoria. ¿Entonces Colombia perdió la potestad de proteger a sus ciudadanos por hacer negocios internacionales? ¿De verdad pedir un precio justo da pie a este tipo de amenazas?

El ministro Gaviria fue claro en su anuncio: “Las negociaciones se rompieron de manera definitiva, así que lo que sigue es el paso recomendado por el grupo de expertos: el Gobierno debe hacer la declaratoria de interés público”. Firmada la resolución, el siguiente paso estará a cargo de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos, que determinará el nuevo valor de Glivec. Ese organismo será el encargado de determinar un nuevo valor.

Contrario a lo que insinúan los críticos, el Ministerio de Salud demostró diligencia tanto en la motivación de sus actos como en los esfuerzos de llegar a un acuerdo voluntario, y el interés público en reducir el precio del medicamento ha sido demostrado. En últimas, el Estado colombiano tomó una decisión difícil, pero necesaria, que afectará positivamente las vidas de los pacientes.

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