Estamos perdiendo la batalla contra los drones. Mientras el gobierno de Abelardo de la Espriella intercambia señalamientos de responsabilidad con el gobierno de Gustavo Petro en X y otros espacios de debate público, sigue aumentando el número de atentados que se llevan a cabo con esta tecnología. La realidad es que nuestro país está llegando muy tarde a una situación que ya es crítica y para la que evidentemente no estamos preparados. Tal vez la mayor urgencia de seguridad nacional es encontrar la manera de que nuestra Fuerza Pública no quede a merced de una tecnología que evoluciona mucho más rápido que los paquidérmicos procesos de contratación pública en Colombia.
El número de ataques viene en aumento. Según datos de la Policía Nacional, a corte del 20 de octubre, entregados al periódico español “El País”, 12 uniformados han sido asesinados mediante drones desde que el presidente Abelardo de la Espriella tomó posesión. Eso triplica lo que se venía presentando en los meses anteriores de este año. Según otros datos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), tuvimos 119 ataques en 2024, 277 en 2025 y este año ya llevamos 351, con corte al 2 de noviembre. No incluye, entonces, el ataque contra el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur de este fin de semana, que dejó a tres militares muertos y más de 40 heridos. A las pocas horas se presentó otro con drones en el peaje de Villa Rica, Cauca. En respuesta, el presidente De la Espriella ordenó bombardeos contra los grupos identificados como responsables, pero al cierre de esta edición no contamos con información de los resultados de esa operación.
La invasión rusa en Ucrania llevó a la modernización de la guerra en todo el mundo. El desarrollo de drones se ha multiplicado gracias a que permite realizar ataques a distancia, a un relativo bajo costo, los cuales son muy difíciles de contrarrestar. Los Shahed, de fabricación iraní, son el arma favorita del régimen ruso, mientras que Ucrania ha desarrollado una industria de drones mucho más pequeños y escurridizos, que usan fibra óptica para no ser detectados. Como suele ocurrir cada vez que se desarrolla una nueva tecnología para la guerra, estas armas han sido exportadas a distintas partes del planeta y los grupos criminales colombianos parecen estar en capacidad de comprarlos e incluso de construirlos por su propia cuenta.
La crisis se debe a que la respuesta no es tan sencilla. El gobierno de Gustavo Petro apoyó compras esporádicas y poco efectivas de tecnologías que los contrarrestan. Su proyecto estrella, que buscaba contratar un Escudo Nacional Antidrones, contaba con un presupuesto de más de COP 6 billones, pero nunca se contrató. Esa es la razón de la pelea política de estos días entre el gobierno De la Espriella y representantes de la administración pasada. Más allá de las culpas, lo angustioso es que Colombia no cuenta con ese escudo y que, incluso si se contratara, no sería suficiente para neutralizar todas las amenazas.
No hay manera de exagerar la gravedad del reto que enfrenta el país. El uso de drones altera por completo el balance de la guerra, pues la Fuerza Pública queda a merced de ataques que son fáciles de llevar a cabo. Por eso insistimos en que esta debe ser la prioridad nacional, con una estrategia integral que no solo mejore la dotación con la que contamos, sino que dé golpes a toda la cadena de producción de drones en el país, así como a los espacios de entrenamiento para quienes los usan.
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