Se acumulan las denuncias y los ejemplos que demuestran cómo las elecciones de este año ya no fueron pacíficas. Aunque el Gobierno Nacional ha prometido que protegerá a toda la población, la realidad es que la campaña en las zonas históricamente violentadas ha tenido que ocurrir en medio del riesgo de fraude electoral, amenazas y una población atemorizada ante unos grupos criminales fortalecidos. Dentro de las grandes fallas de las administraciones de Gustavo Petro e Iván Duque estuvo no haber implementado adecuadamente el acuerdo de paz ni garantizado que los espacios de representación política reconocidos a las víctimas fueran herramientas de fortalecimiento territorial. Ahora estamos en vísperas de otro gran desastre.
Este año es la última vez que 168 municipios agrupados en 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) elegirán unas curules entregadas a las víctimas. A pesar de que ya sabemos cómo se utilizaron trampas para que esas elecciones no fueran libres y de que la Registraduría y la Defensoría llevan meses con las alarmas prendidas, poco se hizo para contrarrestar ese riesgo. Esta semana, el Tribunal Administrativo del Meta falló una tutela pidiendo que se investigue el trasteo de votos en San José del Guaviare, El Retorno y Calamar, municipios del departamento del Guaviare. La Asociación Red de Mujeres Rurales Vereda La Y (Asoyerural) denunció largas filas para inscribir cédulas y, en efecto, hubo un aumento del 1.500 % en el número de personas habilitadas para votar. ¿Acaso estamos viendo un cambio demográfico inusual? El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe tomar una decisión expedita, así como también explicar qué pasó en Tumaco, donde hay alerta por un aumento de inscripción de cédulas de 909 %. El problema es que el CNE, demostrando una vez más su selectividad e incapacidad institucional, ha sido negligente al defender las Citrep.
La situación es grave porque, como dijo Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), “en el 96,8 % de los municipios donde se votará por las curules de paz hay un actor armado presente”. Como contó un análisis publicado por Colombia+20 de El Espectador, la Misión y actores locales han denunciado la existencia de riesgo electoral extremo empeorado por la presencia de distintos tipos de economías ilegales. Hace unos días, el informe anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que el conflicto en Colombia se está agudizando, así la Casa de Nariño diga lo contrario. El representante de ese organismo en Colombia, Scott Campbell, le dijo a El Tiempo que cuando hay zonas controladas por un solo grupo armado, como está pasando en nuestro país, “la gente tiene miedo de votar por el candidato que prefiera. Hay mensajes de los grupos armados, hay indicaciones fuertes. Muchas veces hay restricciones de movilidad y no pueden ir libremente a los puestos de votación. Tampoco hay plena libertad para que participen los candidatos ni para quienes tengan aspiraciones políticas. La pregunta que yo me haría es si realmente hay verdadera democracia en estas zonas, ante las restricciones al derecho al voto, a la participación y a la asociación”. Campbell dijo estar preocupado por Cauca, Nariño, Putumayo, Guaviare, el Catatumbo, La Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta y el Magdalena Medio.
Esta historia no es nueva, lo sabemos. Colombia sigue siendo un país con territorios a merced de la criminalidad. Sin embargo, este gobierno no puede desentenderse de sus propias falencias y de cómo la permisividad de la “paz total” sirvió de excusa para el fortalecimiento de organizaciones en territorios históricamente violentados. La falla del gobierno del cambio es muy similar a la de sus predecesores: a pesar de las promesas, allí donde más se necesita al Estado éste no se dignó en hacer presencia. Estamos viendo las consecuencias.
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