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Hay un intento disperso en varios departamentos del país por atacar el Estado, debilitar la institucionalidad y aterrorizar a quienes participan en las elecciones al Congreso, en marzo, y a la Presidencia, en mayo. El atentado macabro contra el gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo, que dejó a dos policías asesinados en cumplimiento de su labor, es uno de por lo menos 12 ataques que han ocurrido en los últimos días. Las disidencias de las Farc, el Eln, el Clan del Golfo y otros grupos al margen de la ley están recrudeciendo sus luchas por territorios, al mismo tiempo que buscan sembrar temor en la fuerza pública y la ciudadanía. La respuesta debe ser un rechazo contundente y rodear a las autoridades.
Nos unimos a las palabras del director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia: “Condenamos la cobarde acción terrorista que hoy les arrebató la vida a nuestros patrulleros William Echeverría y Miguel Bernal en Caquetá. No permitiremos que el homicidio de ningún policía quede impune. Solidaridad con las familias de estos héroes de la patria”. Ambos oficiales murieron cuando las disidencias de las Farc atacaron la caravana del gobernador del Caquetá, en un atentado contra la democracia colombiana.
La semana pasada también vimos una ola de atentados contra la fuerza pública en la que fue asesinado un militar y otros 25 oficiales quedaron heridos. Con morteros y cilindros bomba, varias estaciones militares y de Policía fueron atacadas. El Eln se responsabilizó por estos hechos. Todo indica a lo mismo: las elecciones están bajo asedio de los grupos armados al margen de la ley.
Las razones del recrudecimiento de la violencia son varias. Para la guerrilla del Eln, por ejemplo, está la intención de mostrar fuerza para condicionar al próximo presidente que sea electo este año. Es la misma estrategia que período tras período utilizaban las Farc para “enviar mensajes”. Pero es una continuación de la lógica irracional de una guerra sin sentido en que la guerrilla ha perdido por completo la confianza del Estado y de los ciudadanos. Qué bueno sería un gesto de paz, como la liberación de los secuestrados, para demostrar que están listo para pasar la página. Seguir atentando contra la fuerza pública es pura mezquindad.
Por el lado de las disidencias de las Farc, su operación es similar a los carteles del narcotráfico y otras bandas ilegales. El interés es ejercer control territorial para proteger las rutas de la droga y que las autoridades no rompan con su financiación. El presidente Iván Duque ha insistido, con información de inteligencia, en que estos grupos pueden estar apoyados por el régimen de Nicolás Maduro. Las evidencias parecen respaldar esa postura, por lo que surge una pregunta para el nuevo gobierno: ¿cómo utilizar las relaciones diplomáticas para interrumpir esos nexos? ¿Es posible?
Es probable que la violencia siga empeorando estas semanas. Ante eso, la respuesta debe ser una apuesta contundente por la democracia y el respaldo a las instituciones. Que quede claro: los colombianos no le juegan a la violencia y nadie nos quitará el derecho al voto libre.
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