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Sin embargo, el país reconoce la seriedad del Emisor, su manejo prudente de la economía, la solvencia técnica de sus funcionarios, sus aportes a la cultura, etc. No todas sus decisiones son populares. Pero la importancia institucional del Banco de la República es ampliamente reconocida.
La reelección presidencial le restó independencia al Banco de la República al permitirle al Presidente en ejercicio nombrar la casi totalidad de los miembros de la Junta Directiva. El presidente Uribe ha nombrado ya tres de los siete miembros, se dispone a nombrar otros dos y controla el voto del Ministro de Hacienda. En resumidas cuentas, está a punto de consolidar una mayoría sobrada en la Junta del Emisor. En teoría podría llegar a tener seis o al menos cinco de los siete votos. Puesto que casi todas las decisiones de la Junta se toman por mayoría de votos, el Gobierno ganaría el control de la política monetaria.
El Gobierno ha demorado el nombramiento de los nuevos miembros de la Junta Directiva. El presidente Uribe ha dicho que quiere designar empresarios con un conocimiento práctico de la realidad económica y no técnicos ajenos a las dificultades del mundo real. Se especula que uno de los escaños le fue ofrecido a un dirigente gremial, quien es, además, un crítico permanente de las decisiones de la Junta. Pareciera que el Presidente pretende esta vez cambiar la cartilla del Banco de la República mediante el nombramiento de críticos o enemigos declarados del Emisor.
El Gobierno debería respetar el espíritu de la Constitución de 1991 y nombrar profesionales independientes. Por lo menos, debería conservar la tradición y nombrar técnicos competentes, especialistas en economía que conozcan y entiendan las complejidades del manejo monetario. En momentos difíciles para la economía mundial, cuando en todo el mundo los especialistas son llamados a aportar su conocimiento, en Colombia nos disponemos, en contravía de las tendencias mundiales, a improvisar como economistas a empresarios con opiniones fuertes y sin preparación suficiente. El Gobierno parece desconfiar de los especialistas, tal vez porque no siempre están dispuestos a servir de simples voceros de las decisiones centralizadas.
Unos nombramientos equivocados pueden tener consecuencias adversas más allá de la pérdida de independencia del Banco de la República. Si los mercados perciben que los nombramientos implican un viraje peligroso de la política monetaria o un relajamiento de la política antiinflacionaria, el servicio de la deuda se hará mucho más oneroso. Incluso, las expectativas de inflación pueden aumentar. En el mediano plazo, la credibilidad del Banco de la República podría verse afectada.
El Gobierno tiene la palabra. Esperamos que recupere la sensatez y nombre profesionales idóneos en la Junta del Banco de la República. La situación de la economía, sobra decirlo, no se presta para improvisaciones.