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Las imágenes de la brutal represión contra los jubilados en Argentina, quienes salieron a manifestarse el 12 de marzo contra los recortes a las pensiones impulsados por el gobierno de Javier Milei, son indignantes. Ancianos golpeados, arrastrados por la policía y dispersados con gases lacrimógenos dan cuenta de un país donde el ajuste económico se ha convertido en un dogma intransigente y la protesta social es respondida con violencia estatal y estigmatización. En las maniqueas palabras de Milei: “Los buenos son los de azul, y los hijos de puta que andan con trapos en la cara, rompen autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros [trabajos], esos son los malos y tienen que ir presos”.
El derecho a la manifestación es un pilar de cualquier democracia. No puede ser considerado un privilegio sujeto a la voluntad de los gobiernos de turno. Sin embargo, la administración de Milei ha optado por una estrategia de estigmatización y represión sistemáticas. En este caso, los afectados son personas que, después de toda una vida de trabajo, exigen condiciones dignas para su retiro.
Hoy, 24 de marzo, Argentina conmemora un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, una fecha en la que históricamente han tenido lugar manifestaciones en defensa de la memoria, la verdad y la justicia. En este contexto, la política de seguridad del Gobierno actual adquiere un matiz aún más preocupante. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha implementado la Resolución 943 de 2023, que permite la intervención de las fuerzas de seguridad frente a cortes de rutas y calles sin necesidad de orden judicial. Las consecuencias de estas medidas ya se han hecho evidentes. El 12 de marzo, el fotoperiodista Pablo Grillo recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno en la cabeza mientras cubría una marcha. Ha sido operado dos veces.
La reforma propuesta busca reducir drásticamente el gasto en jubilaciones, bajo la premisa de que el sistema es insostenible. No obstante, la manera en que se está llevando a cabo el ajuste plantea una pregunta crucial: ¿debe la estabilidad económica cimentarse sobre el sacrificio de quienes ya han entregado décadas de esfuerzo al país? La respuesta que parece dar el Gobierno es clara: los números están por encima de la dignidad humana.
Pero más allá del debate sobre la reforma en sí, lo que no puede aceptarse es que la respuesta del Estado sea la violencia. Que el gobierno de Milei busque imponer su proyecto económico con palos y gases lacrimógenos refleja un desprecio alarmante por la democracia y sus valores fundamentales.
Desde Colombia, donde también enfrentamos debates sobre la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones, lo que sucede en Argentina debe servir como advertencia. La estabilidad financiera de un país no puede construirse sobre la miseria de sus jubilados ni sobre la represión de quienes se atreven a exigir mejores condiciones de vida. Un Estado que se dice democrático debe proteger a sus ciudadanos, no silenciarlos. El derecho a una vejez digna es irrenunciable. Y el derecho a protestar, también.
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