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La clase política dirigente de Guatemala está desesperada. Después del inesperado triunfo de Bernardo Arévalo para llegar a la Presidencia con el 60 % de los votos de la segunda vuelta, la Fiscalía y la Rama Judicial de ese país, enlodadas por escándalos de corrupción, han empezado un complejo proceso para intentar desestimar los resultados electorales. Lo que está ocurriendo es descarado y preocupante: se trata de un golpe de Estado a plena luz del día, a pesar de que intentan disfrazarlo de institucionalidad. La presión internacional debe ser contundente para evitar que se consolide el saboteo a los resultados electorales legítimos.
El ataque más reciente a la democracia ocurrió el sábado pasado. Hay videos de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) rogándoles a miembros de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que no secuestren las actas de resultados que certificaron la victoria de Arévalo en segunda vuelta, así como los resultados del balotaje. No importó: sin razones claras, la FECI se llevó los documentos.
Liderada por el polémico Rafael Curruchiche, la Fiscalía Especial ha sido señalada de ser un órgano politizado que persigue a quienes se han atrevido a denunciar la corrupción en las ramas Judicial y Ejecutiva. Curruchiche y la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, están en la lista de corruptos del Gobierno de los Estados Unidos y son vistos por observadores internacionales como los responsables de desandar los triunfos que consiguió en su momento la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Son ellos los que están encabezando el proceso para quitarle personalidad jurídica al movimiento de Arévalo, anulando así toda la elección.
El presidente electo Arévalo, quien estaba en una gira por México y Estados Unidos, regresó inmediatamente a su país. En un video que difundió en sus redes sociales, fue claro: “Tuvimos que alterar el viaje, dada la situación que se ha dado con este asalto descarado por parte del Ministerio Público. Realmente, un golpe de Estado en proceso”. Sus declaraciones tuvieron ecos de alto nivel. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo que lo ocurrido se une a una serie de acciones que “parecen diseñadas para minar la integridad del proceso electoral y socavar el Estado de derecho”. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Matthew Miller, dijo que “el pueblo guatemalteco ha hablado. Su voz debe ser respetada”. Estamos de acuerdo.
Colombia también adoptó un bienvenido liderazgo en denunciar lo ocurrido. En su cuenta de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, escribió: “Se alista un golpe de Estado en Guatemala. Todos los gobiernos democráticos de las Américas y del mundo deben estar listos a responder”. La Cancillería publicó un comunicado en el que “exhorta a las autoridades guatemaltecas a poner fin a estos actos de hostigamiento contra las instituciones electorales y a garantizar el proceso de transición democrática”. Es lo apropiado. Allí donde la democracia esté en riesgo debe ir nuestra diplomacia. No podemos permitir que burlen la voluntad de los guatemaltecos.
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