Encarrilados

A pesar de que todavía hay camino por andar para el pleno restablecimiento de las relaciones bilaterales, en ambos países se respira un ambiente de moderado optimismo que presagia una fortalecida vecindad.

Superada la grave crisis que se vivió entre Chávez y el ex presidente Uribe, era indispensable aclimatar la confianza y recuperar el respeto entre los mandatarios. Dentro de este proceso, el 10 de agosto pasado se crearon cinco comisiones que se encargan de revisar, analizar y encontrar soluciones a problemas comunes que no habían tenido vías de entendimiento dentro de la diplomacia del micrófono y el monólogo que prevaleció entre Bogotá y Caracas.

Santos y Chávez han podido constatar, de primera mano, que las mencionadas comisiones están avanzando como deben en sus actividades y que su puesta en práctica reemplaza, en buena hora, una serie de mecanismos que habían sido creados con anterioridad para solventar los eventuales problemas derivados de la   cercanía, y los cuales quedaron en el congelador con las tormentosas relaciones vividas.

No está de más insistir en un punto central de la relación: el de la compleja zona fronteriza, que fue, es y seguirá siendo una realidad latente. Bandas binacionales de delincuencia común calentaron la frontera desde hace muchos años con su vinculación al narcotráfico, el robo de vehículos, el secuestro, el tráfico de armas y el contrabando de gasolina. La guerrilla, que entró a pescar en río revuelto, terminó involucrada con la mayoría de los negocios ilícitos mencionados, amén de sus condenables acciones armadas. Hoy se habla de que el lucrativo negocio del contrabando de gasolina da mayores ganancias que el narcotráfico, lo que ha fortalecido al Eln y a las mafias locales que operan con la complicidad de ciertas autoridades locales.

Le asiste, entonces, toda la razón a la canciller María Ángela Holguín cuando toma el tema fronterizo como una de sus prioridades. Los diversos proyectos de desarrollo social que se puedan llevar a cabo en buena parte de los empobrecidos municipios fronterizos, van a representar una doble ganancia para el país. Por un lado, mejorarán las condiciones de vida de comunidades que acuden a actividades ilícitas que son un modus vivendi para sus habitantes. De otro, al “reinsertar” a estos compatriotas a esquemas de vida similares a los que existen para el resto de los colombianos, mejorarán sustancialmente las condiciones de seguridad fronteriza, con el consecuente impacto positivo para la relación bilateral. Este propósito del Gobierno nacional amerita el apoyo de los sectores público y privado, así como de organismos multilaterales que, como la CAF o el BID, conocen la importancia de actuar en dichas regiones.

En forma coloquial, el presidente Chávez dijo durante la reunión que esperaba que nada ni nadie fuera a descarrilar esta relación, que avanza con buen augurio. Tiene toda la razón, pues no faltan agoreros del conflicto aquí y allá. En el caso colombiano, el presidente Santos se ha jugado a fondo para solidificar y fortalecer la relación bilateral, incluso asumiendo un costo político nada despreciable, precisamente para mantener a raya a quienes así lo quisieran. No estaría de más que el mandatario venezolano hiciera lo propio con los sectores más radicales que lo acompañan dentro del PSUV, algunos de los cuales han dado muestras de excesiva simpatía, cuando no abierto apoyo, a grupos ilegales que no pueden considerarse de otra forma que como un enemigo común. Si esto se logra, de lado y lado, la construcción de la nueva vecindad se sustentará sobre bases sólidas que podrán resistir futuros embates. Ahí está el reto para mantenerse encarrilados.