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El caso contra Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, ha dado un giro retórico que debería preocupar a cualquier persona que valore la división de poderes. El líder del Centro Democrático, impulsado por la influencia de Donald Trump en Estados Unidos, ha emprendido una campaña de desprestigio contra los jueces de la República que están relacionados con su proceso. Al hacerlo, envenena el pozo, deja entrever que cualquier decisión que no sea la absolución será presentada como una persecución política y le hace daño a la institucionalidad colombiana.
El expresidente Uribe Vélez tiene derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Contrario a lo que ha dicho el mandatario en pasadas ocasiones, en este editorial no se aboga por su condena ni por cualquier tipo de decisión adversa. Hemos dicho, sí, que el caso que lo involucra a él y a su exrepresentante legal, Diego Cadena, tiene suficientes sospechas como para ameritar que la investigación sea transparente. Lo único que hemos pedido, una y otra vez, es que la justicia le cuente a Colombia qué ocurrió y que se llegue a una decisión, sea positiva o no. El país necesita saber lo que pasó en hechos bastante preocupantes.
Sin embargo, desde el principio el objetivo de defensa ha sido envenenar el pozo. En retórica, esa falacia consiste en atacar las motivaciones detrás de un argumento y no en sus méritos propios. Así, por ejemplo, en vez de concentrarse en las pruebas de un expediente, se siembra la idea de que los jueces tienen una agenda política. En este caso, ocurrió desde el principio. Cuando la Corte Suprema de Justicia encontró suficientes motivos para dictar medida de aseguramiento, la respuesta fue intentar dinamitar la legitimidad del tribunal. Ahora lo estamos viendo con los jueces involucrados en resolver el proceso en la jurisdicción ordinaria. Las últimas semanas, el expresidente Uribe ha insinuado que el dinero de USAID se utilizó para financiar magistrados que persiguen a la oposición. En una carta pública enviada al presidente de los Estados Unidos, buscó posicionarse como la víctima de una cacería política. La tutela contra el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, además de ser una maniobra disuasoria en un proceso que ha tomado demasiado tiempo, busca sembrar el mismo manto de duda. Envenenar el pozo: si la justicia está comprada, es corrupta o tiene fines políticos, no importan las pruebas porque cualquier decisión que no sea la absolución será estigmatizada y acusada de sesgada.
Es lamentable que el referente del expresidente Uribe sea Donald Trump, quien ha hecho de la trampa su principal estrategia política y fue condenado por un jurado de sus pares en Nueva York. Ahora en Estados Unidos estamos viendo un agresivo intento por desmantelar el sistema de pesos y contrapesos, con el objetivo de entronizar al presidente en una posición de rey. Allá también envenenaron el pozo, sembrando la idea de que todos los procesos judiciales contra el ahora presidente eran una persecución.
No se puede ser un demócrata y al mismo tiempo estigmatizar a la justicia. Un proceso tan importante debe acompañarse con transparencia y la garantía de los derechos de todos los involucrados.
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