Envenenar el pozo

El mensaje del jefe del Ministerio Público es, al final, que si lo investigan es porque quieren su cabeza y no porque, como todo funcionario, puede y debe ser objeto de escrutinio.

El procurador Alejandro Ordóñez debe ser consciente de lo peligroso que es utilizar una retórica agresiva que deslegitima a la rama judicial.

El Consejo de Estado estudia una ponencia de la magistrada Rocío Araújo, en la que se señala que la reelección del procurador Alejandro Ordóñez debe ser anulada por inconstitucional. Y sin que el alto tribunal haya fallado, el Procurador se ha puesto en la tarea de desprestigiarlo y poner en duda su honestidad, abonando el terreno para desconocer el pronunciamiento de fondo. Lamentablemente, esa es una estrategia que se ha vuelto común en el país.

El Procurador dijo que Araújo es “una magistrada parcializada”, y ya en su momento había sugerido que el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las Farc Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”, están “herniados” en “el afán de sacar al procurador”, enlazando eso con la eventual decisión del Consejo de Estado.

Esa estrategia de poner en duda al juez, o a la justicia, que ha sido usada con frecuencia en el país, se parece a una falacia lógica llamada envenenar el pozo, que consiste en no atacar los argumentos, sino sugerir que la persona que los esboza no es idónea. El mensaje del jefe del Ministerio Público es, al final, que si lo investigan es porque quieren su cabeza y no porque, como todo funcionario, puede y debe ser objeto de escrutinio.

No le queda muy bien al Procurador decir que se le ha violado su derecho al debido proceso y que si eso pasa con él no se imagina cómo sería con alguien “común”. A diferencia de lo que pasa con el común de la gente, en el caso de Ordóñez su proceso se ha dilatado durante años, hasta el punto de que es probable que no haya una decisión antes de que él acabe su período. Para un ciudadano de a pie hubiera sido distinto.

Pero lo que es peor: Ordóñez, con sus acusaciones, deja en entredicho al mismo Derecho, dando la idea de que éste se puede torcer y ponerse al servicio de la ilegalidad. Una cosa es que haya funcionarios corruptos que hayan utilizado el Derecho para ilegalidades, y otra muy distinta es que se pueda despreciar los argumentos de un juez diciendo de buenas a primeras que son “parcializados”. Lo que se ha conocido de la ponencia es que, para la magistrada Araújo, la reelección de Ordóñez debe tumbarse porque el Senado no era competente para reelegirlo y porque esa reelección pone en aprietos el equilibrio de poderes.

Esos argumentos no son descabellados y tienen respaldo jurisprudencial. Y eso es lo que se debe debatir. Pero, en cambio, echa agua sucia a sus jueces para que fallen con base en el miedo y no en el Derecho, que es el que debe primar. Olvida el Procurador que el Consejo de Estado no se reduce a Rocío Araújo. Son 31 magistrados, de posiciones y visiones distintas, los que van a decidir su futuro, en un debate sopesado. Ese es el debido proceso.

En Colombia se ha vuelto costumbre lanzar acusaciones sin presentar pruebas. Grave que el Procurador siga empeñado en que si sale de su cargo es porque hay un complot y no porque el Derecho lo señala. Y grave que la mejor defensa sea la ofensa, sobre todo cuando afecta directamente al entramado institucional y a la legitimidad de nuestro ordenamiento. Cuando se envenena el pozo de la justicia, todos los colombianos salimos perdiendo.

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