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Las leyes se respetan. Eso es lo que están aprendiendo varios de los influenciadores más grandes del país. Coljuegos tomó una decisión histórica de pedir bloquear el acceso a 289 perfiles en redes sociales. Entre los nombres más conocidos se encuentran Epa Colombia, La Liendra, Yeferson Cossio, El mechas (José Carrillo), Karina García, Alina Lozano, Yuranis León, Sara Valentina, Javier Arias Stunt, Marcela Reyes, Anthony Cárdenas Tv, Kymberly Vesga... Todos comparten la misma actividad irregular: llevar a cabo rifas o promocionar apuestas sin la autorización necesaria y, quizá más importante aún, sin pagar en impuestos lo que es debido. La reacción de muchos de sus seguidores muestra que en Colombia hay complicidad con evadir impuestos y poca comprensión de cómo son un aporte para la sociedad entera.
Estaban advertidos. Coljuegos tuvo varias reuniones con los influenciadores para explicarles cómo llevar a cabo de manera correcta sus actividades. No es una actividad menor: muchos de ellos tienen millones de seguidores y son, de lejos, el contenido más consumido por los colombianos. Eso viene acompañado de una responsabilidad con la audiencia y con el cumplimiento de las normas nacionales. Adicionalmente, se volvieron costumbre las rifas ostentosas. Desde un apartamento, pasando por carros y terminando incluso en la entrega de dinero en efectivo, las personas mencionadas mueven una cantidad exorbitante de recursos sin hacerlo de manera transparente. Sus cuentas también han sido utilizadas para promover sitios de apuestas que no cuentan con las autorizaciones. En síntesis, lo que hacen es una burla al país.
En entrevista con Noticias Caracol, el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, explicó el daño que hace esa falta de responsabilidad. “Con todo lo que son juegos de suerte y azar podemos hablar de mucha plata. Nosotros hablamos de $1,5 billones lo que afecta la ilegalidad, tanto de los juegos localizados, entendidos estos como los casinos ilegales u otros sitios ilegales donde se apuesta”. Luego, en entrevista con Blu Radio, Hincapié contó que “nosotros estimamos que, cada año, se dejan de percibir cerca de $70.000 millones para la salud de los colombianos a causa de las rifas ilegales”. Es decir, para un sistema en crisis y desfinanciado, la realización de estas actividades hace que aumente la asfixia. Es un daño para todos los ciudadanos.
Mención aparte merece la reacción de muchos seguidores de los influenciadores en cuestión. Las redes sociales se llenaron de mensajes que, palabras más, palabras menos, preguntan por qué no los dejan actuar como desean si, en últimas, les están dando bienes a las personas. La lógica es que la plata en la salud se la roban, mientras que en las rifas sí hay una supuesta redistribución de recursos. Eso muestra cómo la desconfianza en la administración pública fomenta la complicidad con la criminalidad. De poco importa que las rifas y apuestas sin regulación hayan sido históricamente asociadas al lavado de activos, o que nuestro sistema de salud necesite los recursos. Es un conflicto cultural al que se le debe prestar atención. El primer paso es recordarles a todos por qué las leyes se respetan.
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