Es hora de prohibir las terapias de conversión

La discriminación sigue viva y cobrando vidas día a día. El Congreso debe tomar acción de manera urgente./ Fotografía de referencia: Luis Eduardo Noriega A. (EFE)

Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

A la hora del debate sobre prohibir las terapias de conversión, el Congreso de la República demostró cómo sigue siendo urgente tomar medidas eficaces contra la discriminación. La sesión tuvo que suspenderse porque el representante a la Cámara Mauricio Toro, líder del proyecto de ley, fue recusado. ¿El motivo? Tener un aparente conflicto de interés por el hecho de ser una persona gay. Insólito: silenciar a alguien por su orientación sexual en medio de un debate sobre las desigualdades que surgen precisamente por la orientación sexual.

El debate procedimental sobre si el representante Toro puede seguir o no en el debate tiene mucho que ver con el fondo de lo que se discute. Las terapias de conversión son una forma de tortura. Usualmente realizadas por pastores evangélicos e iglesias cristianas, son “procedimientos” en los que convencen a las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT) que viven en pecado, que tienen que cambiar su esencia para poder encajar en la sociedad. En el mundo estos espacios han sido denunciados porque suelen combinar la violencia física con la psicológica y parten de un principio anticientífico: decir que la orientación sexual y la identidad de género pueden modificarse si se aplica suficiente presión.

Prohibir las terapias de conversión es un aporte necesario en un país violento con diferencia. Colombia Diversa reporta que a 2021 habían sido asesinadas 220 personas LGBT en el país. Entre enero y mayo de 2022 van 37 casos de violencia contra esta población. Y esos son los casos más terribles y visibles, pero la realidad de las personas LGBT en Colombia es sufrir discriminaciones diarias, exclusión de sus familias, matoneo en los colegios y acoso laboral. Adicionalmente, abundan las quejas por la incapacidad de acceder al sistema de salud y a otros espacios del Estado. Sigue estando vigente lo que escribió Marcel Proust: “Los homosexuales son una raza maldita, perseguida como Israel. Y finalmente, como Israel, bajo el oprobio de un odio inmerecido por parte de las masas, adquirieron características de masa, la fisonomía de una nación (…) son en cada país una colonia extranjera”.

Es en ese contexto que buscan silenciar al representante Toro. Según Jonathan Steven Silva Mocetón, activista cristiano que entabló la recusación y habló con Blu Radio, “no lo acuso por su orientación sexual, sino por su activismo”. Curioso raciocinio: lo que Silva llama “activismo” es trabajar para no ser discriminado por ser quien es y amar a quienes ama. No es simple “política”, sino un acto de supervivencia.

Cuando la tasa de suicidios sigue siendo más alta en personas LGBT que en el resto de la población, cuando los casos de matoneo se siguen reportando en el día a día, cuando los prejuicios se utilizan para movilizar a las masas en contra de una minoría, lo mínimo que un Estado democrático debe hacer es intervenir para proteger a quienes son más vulnerables. Si no lo hace, es cómplice de la violencia. Toro debe poder participar en el debate. Más importante aún, el Congreso no debe dudar: es hora de prohibir las terapias de conversión.

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