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Ya es hora de que la Corte Constitucional permita que el aborto se practique en Colombia de manera libre. No solo es la consecuencia lógica de lo que la jurisprudencia ha dicho en varias ocasiones sobre cómo las mujeres tienen derecho a interrumpir voluntariamente sus embarazos, sino que se trata de una decisión que reconoce la autonomía de las mujeres; podría ser un cambio histórico contra la desigualdad y a favor de la salud de todas las colombianas.
El aborto libre se ha venido aplazando desde la Constitución de 1991. Aunque se trata de una medida sin la que no puede hablarse de igualdad, protección a las libertades individuales de las mujeres y su derecho fundamental a la salud, las tensiones que suscita han sido suficientes para que no se hayan tomado decisiones contundentes al respecto. La primera Corte Constitucional no dijo mucho al respecto, la segunda hizo toda una argumentación sólida sobre la importancia del aborto para garantizar los derechos de las mujeres, pero llegó a la conclusión insuficiente de despenalizarlo en tres causales extremas. La tercera Corte elevó el aborto a derecho fundamental, pero lo siguió limitando a las tres causales.
El Congreso de la República ha intentado en múltiples ocasiones regular la materia, pero su incapacidad de obtener acuerdos ha hecho que los derechos de las mujeres estén en el limbo. Van 29 años de esa omisión legislativa. La Corte Constitucional, como guardiana de la Constitución, entonces, es la llamada a corregir este error histórico. La cárcel no puede ser la respuesta frente a maternidades no deseadas.
Por encima de los gritos retóricos, de las campañas de manipulación y de desinformación que provienen de los sectores más conservadores, hay una realidad ineludible: las mujeres han abortado a lo largo de la historia, siguen abortando y seguirán abortando. Lo harán amparadas en las tres causales y lo harán por fuera de ellas. Lo harán aquí en Colombia y lo harán en el resto del mundo. La pregunta es si el Estado va a seguir condenando a muchas de ellas, en particular a las que tienen menos recursos económicos, a tener que hacerlo bajo la amenaza de ser judicializadas o bajo la condena de ir a lugares inseguros.
Paradójicamente, la mejor manera de reducir el número de abortos es permitiéndolos de forma libre. Las pruebas están por todo el planeta. No solo eso: cuando el sistema de salud tiene la posibilidad de encargarse de los procedimientos sin la sombra del Código Penal encima, mejora la salud de las mujeres. Basta con ver el ejemplo de Ciudad de México. Mientras en 2007, seis de cada diez mujeres morían por complicaciones en el aborto, esa cifra llegó a cero 12 años después de la despenalización hasta el primer trimestre de gestación.
Vendrán rechiflas y reclamos a la Corte si toma esta decisión. Los constantes ataques a su legitimidad ya son parte del paisaje. Pero eso no borra el hecho de que permitir el aborto libre hasta el primer trimestre de gestación es la decisión correcta.
Los magistrados tienen en sus manos una ponencia del magistrado Alejandro Linares que los invita a expedir una de las sentencias más importantes en la historia. Si la Corte Constitucional da el paso, servirá de ejemplo para todos los jueces de América Latina, región donde se vienen dando vibrantes debates sobre esta problemática de salud pública. Con una sola sentencia: harían un aporte invaluable al empoderamiento de las mujeres, a la protección de su autonomía y a la igualdad. Por las colombianas, por las promesas de la Constitución, es el momento.
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