Es hora de que la CPI actúe contra Nicolás Maduro
La Misión Internacional Independiente, creada por Naciones Unidas, publicó un muy grave reporte contra funcionarios de alto nivel del régimen en Venezuela. Allí se acusa a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, a los ministros del Interior y de Defensa y a cerca de 50 funcionarios de “violaciones sistemáticas a los derechos humanos” que constituyen “delitos de lesa humanidad”. Este documento corrobora lo que ya había sido señalado previamente por la OEA desde 2015, cuya denuncia formal presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) el presidente Iván Duque. Es hora de que la CPI actúe contra Maduro.
El reporte es la radiografía de una dictadura sangrienta y de quienes, desde el poder, convirtieron la violación de los derechos fundamentales en un abuso cotidiano. Según Marta Valiñas, presidenta de la Misión, tras analizar 223 casos ocurridos desde 2014 y examinar otros 2.891 casos para establecer patrones de actuación, se determinaron responsabilidades directas vinculadas a ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, que corresponden a crímenes de guerra. Ninguno de los acusados podrá excusarse en actuaciones independientes de quienes violaron materialmente los derechos humanos, pues se les acusa de haber diseñado políticas de Estado para tal fin.
En materia de ejecuciones extrajudiciales, Venezuela tiene el mayor número de casos de letalidad policial en América Latina. Dentro del informe se mencionan 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas, en las cuales se registraron 53 ejecuciones extrajudiciales. El régimen estableció entre 2015 y 2017 las denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), que, bajo la excusa de combatir la criminalidad, se tradujeron en detenciones arbitrarias o ejecuciones extrajudiciales. De 140 casos analizados, se comprobó que 143 personas resultaron muertas. La responsabilidad material recae, principalmente, en miembros de las Fuerzas de Actuación Especial (FAE), que asesinaron sistemáticamente a personas con antecedentes penales. Sus directores regionales mencionaban: “Hoy quiero un muerto; cada brigada tiene que tener un muerto”.
Otro tema documentado —también denunciado por ONG venezolanas e internacionales, así como por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— ha sido la persecución sistemática, por motivos políticos, contra opositores. Se documentan detenciones arbitrarias, desaparición forzada por cortos períodos de tiempo y torturas, que “se cometieron generalmente durante los interrogatorios para extraer confesiones o información, incluidas las contraseñas telefónicas y de redes sociales, o para obligar a una persona a incriminarse a sí misma o a otras personas”. De esta manera, los detenidos sufrieron asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes, mutilaciones, amenazas de muerte, violencia sexual y tortura psicológica.
Lo cierto es que este reporte se suma a los dos informes presentados por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en los dos últimos años, con lo cual aumenta el expediente internacional contra Nicolás Maduro y la cúpula responsable de la situación actual en el país vecino. No solo por los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen, sino por su vinculación con el narcotráfico, el terrorismo y la generación del mayor desastre humanitario en la región, tras la migración de más de cinco millones de venezolanos, ante la situación de hambre, falta de empleo, corrupción e inseguridad.
Desde febrero de 2018 la Fiscalía de la CPI inició el examen preliminar para una eventual demanda por crímenes de lesa humanidad contra Venezuela. Es esta la oportunidad para que más gobiernos se sumen a la denuncia formulada inicialmente por Colombia, y, con la cantidad de pruebas existentes, se inicie formalmente un caso en contra de Maduro y sus cómplices.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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La Misión Internacional Independiente, creada por Naciones Unidas, publicó un muy grave reporte contra funcionarios de alto nivel del régimen en Venezuela. Allí se acusa a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, a los ministros del Interior y de Defensa y a cerca de 50 funcionarios de “violaciones sistemáticas a los derechos humanos” que constituyen “delitos de lesa humanidad”. Este documento corrobora lo que ya había sido señalado previamente por la OEA desde 2015, cuya denuncia formal presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) el presidente Iván Duque. Es hora de que la CPI actúe contra Maduro.
El reporte es la radiografía de una dictadura sangrienta y de quienes, desde el poder, convirtieron la violación de los derechos fundamentales en un abuso cotidiano. Según Marta Valiñas, presidenta de la Misión, tras analizar 223 casos ocurridos desde 2014 y examinar otros 2.891 casos para establecer patrones de actuación, se determinaron responsabilidades directas vinculadas a ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, que corresponden a crímenes de guerra. Ninguno de los acusados podrá excusarse en actuaciones independientes de quienes violaron materialmente los derechos humanos, pues se les acusa de haber diseñado políticas de Estado para tal fin.
En materia de ejecuciones extrajudiciales, Venezuela tiene el mayor número de casos de letalidad policial en América Latina. Dentro del informe se mencionan 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas, en las cuales se registraron 53 ejecuciones extrajudiciales. El régimen estableció entre 2015 y 2017 las denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), que, bajo la excusa de combatir la criminalidad, se tradujeron en detenciones arbitrarias o ejecuciones extrajudiciales. De 140 casos analizados, se comprobó que 143 personas resultaron muertas. La responsabilidad material recae, principalmente, en miembros de las Fuerzas de Actuación Especial (FAE), que asesinaron sistemáticamente a personas con antecedentes penales. Sus directores regionales mencionaban: “Hoy quiero un muerto; cada brigada tiene que tener un muerto”.
Otro tema documentado —también denunciado por ONG venezolanas e internacionales, así como por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— ha sido la persecución sistemática, por motivos políticos, contra opositores. Se documentan detenciones arbitrarias, desaparición forzada por cortos períodos de tiempo y torturas, que “se cometieron generalmente durante los interrogatorios para extraer confesiones o información, incluidas las contraseñas telefónicas y de redes sociales, o para obligar a una persona a incriminarse a sí misma o a otras personas”. De esta manera, los detenidos sufrieron asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes, mutilaciones, amenazas de muerte, violencia sexual y tortura psicológica.
Lo cierto es que este reporte se suma a los dos informes presentados por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en los dos últimos años, con lo cual aumenta el expediente internacional contra Nicolás Maduro y la cúpula responsable de la situación actual en el país vecino. No solo por los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen, sino por su vinculación con el narcotráfico, el terrorismo y la generación del mayor desastre humanitario en la región, tras la migración de más de cinco millones de venezolanos, ante la situación de hambre, falta de empleo, corrupción e inseguridad.
Desde febrero de 2018 la Fiscalía de la CPI inició el examen preliminar para una eventual demanda por crímenes de lesa humanidad contra Venezuela. Es esta la oportunidad para que más gobiernos se sumen a la denuncia formulada inicialmente por Colombia, y, con la cantidad de pruebas existentes, se inicie formalmente un caso en contra de Maduro y sus cómplices.
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