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La terna presentada para la Defensoría del Pueblo por el presidente de la República, Gustavo Petro, es una muestra de buen uso del poder nominador del mandatario. Además de buscar una reivindicación histórica, pues garantiza que por primera vez una mujer encabezará la entidad, el perfil de las tres candidatas invita a pensar que se tratará de un cargo desempeñado con altas capacidades y autonomía. Eso es fundamental, en un país que no tiene muy claro cómo manejar las entidades de control, debido a los escándalos recientes y no tan recientes de injerencia política. Mientras la Corte Suprema de Justicia adelanta el proceso de elección también en la Procuraduría, es el momento de reabrir el debate sobre los perfiles que deben ocupar ese tipo de puestos.
Al igual que lo hizo al presentar la terna para la Fiscalía General de la Nación, el presidente Petro nominó a tres mujeres. Hacerlo representa un acierto doble: por un lado, demuestra que en efecto hay candidatas suficientemente preparadas para ocupar ese cargo y, por el otro, reconoce que hay una desigualdad estructural que históricamente ha llevado a que ninguna mujer esté en esa posición. No se trata, como pretenden algunas voces, de una acción injusta o discriminatoria; al contrario, ayuda a fijar la atención nacional sobre una pregunta básica: ¿por qué nunca antes una mujer ha sido la defensora del Pueblo? Ya vimos que no es por falta de calificaciones.
Iris Marín Ortiz, Jomary Ortegón Osorio y Dora Lucy Arias, candidatas a la Defensoría, tienen la fortaleza de su amplia experiencia en defensa de derechos humanos, mientras que sus perfiles nos llevan a creer que el desempeño en el cargo estará lejos de los cálculos políticos. Lo hemos visto con Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de la Nación. Su desempeño hasta ahora marca un vehemente contraste con Francisco Barbosa. La Fiscalía dejó de estar en permanente campaña política, lo que llevaba a cuestionar su legitimidad. Los entes de control deben, ante todo, mostrar autonomía, no ser trampolines para otros cargos de elección popular.
Es necesario, entonces, aterrizar en la Procuraduría. Desde su llegada al Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco ha dejado dudas sobre sus sesgos al actuar. La expansión burocrática de la entidad, la pésima reforma que impulsó en el Congreso, que terminó siendo una burla a las exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sus constantes choques públicos con el presidente Petro han creado la percepción de politización. Los entes de control, por su poder e importancia en nuestra arquitectura institucional, no pueden caer en dudas ni trampas de ese tenor. Si los servidores públicos no honran el requisito de autonomía y manejo responsable, caemos en situaciones que crean tensiones en el país.
Necesitamos reformas constitucionales y un debate amplio sobre los entes de control, pero mientras eso ocurre (y parece no haber voluntad política para hacerlo), es clave garantizar que la elección de las cabezas de las “ías” se haga entre personas idóneas, que no busquen los reflectores ni pagar favores políticos, sino que comprendan el servicio público como una responsabilidad con todos los colombianos. Así se reconstruye la confianza en la institucionalidad.
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