Esta semana se presentó en el Congreso de la República el proyecto de ley integral trans. Se trata de una apuesta ambiciosa, necesaria y consensuada dentro del movimiento social para intervenir la discriminación sistemática a la que son sometidas las personas con identidades de género no hegemónicas en nuestro país. Se trata, también, de un reto abierto a una Rama Legislativa acostumbrada a evadir los debates morales: ¿será capaz, en medio de tanto ruido, de dar una discusión responsable, alejada de la desinformación y sobre todo entendiendo la urgencia de lo que está sobre la mesa?
Pedir regulación que proteja a las personas trans es un asunto de vida o muerte. Se trata de una de las poblaciones más vulnerables en el país, cuya existencia está plagada de obstáculos administrativos y de violencias en distintas magnitudes. Desde algo tan sencillo como cambiarse el nombre y recibir reconocimiento a su identidad de género en los documentos oficiales, a problemas más difíciles de frenar como el perfilamiento por parte de la Policía y la discriminación en espacios laborales, la experiencia del día a día es frustrante y dañina. Una y otra vez la manera en que hemos construido nuestra sociedad les dice a las personas trans que no son bienvenidas. Eso necesita cambiar cuanto antes.
La apuesta de esta ley es fascinante, pues busca hacer una intervención contundente. Mientras en otros países la estrategia legislativa es ir obteniendo triunfos pequeños que se van acumulando, el activismo colombiano dijo que es necesario un compromiso rotundo. Por eso el proyecto de ley interviene en todas las áreas donde se identificaron focos de discriminación. Hay, por ejemplo, medidas para evitar arbitrariedades al momento de arrendar vivienda, otras para mejorar el acceso a la salud, otras tantas para luchar contra los prejuicios en los espacios laborales y unas para facilitar el cambio de nombre y su reconocimiento oficial. En una de las disposiciones más llamativas está el reconocimiento del daño que el Estado colombiano les ha hecho a las personas trans a lo largo de la historia. Es necesario. En el mundo y en nuestro país hemos visto un movimiento ultraconservador que, a base de mentiras y hostilidad, busca cerrarles todas las puertas a las identidades de género diversas. Por eso se hace necesario un plan integral de choque.
No se puede olvidar, en medio de toda la desinformación que ha surgido y seguirá apareciendo, que la pregunta de fondo en este proyecto es una de humanidad básica: ¿cómo logramos que las personas trans sufran menos? ¿Cómo acompañamos a una población que está violentada de forma sistemática? Por ejemplo, Lina Quevedo le explicó a El País de España algo fundamental sobre esta ley: “Acá en Colombia, antes de la Constitución de 1991, existieron contravenciones que criminalizaban las identidades trans: si cualquier persona que estaba en la calle vistiendo prendas que no pertenecían a su género eran objeto de algún tipo de sanción. Eso generó que muchas hermanas no solamente fueran retenidas, sino violentadas por el Estado colombiano. Tenemos hermanas con discapacidad producto de esa violencia, hermanas desaparecidas, hermanas asesinadas”. Esa historia se une con un presente que sigue cobrando víctimas cada día.
Es momento de un debate serio y responsable sobre la crisis que enfrentan las personas trans en Colombia. El Congreso debe estar a la altura y el Gobierno Nacional necesita impulsarlo.
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