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El Gobierno del presidente Iván Duque debería aprovechar que le queda poco tiempo en la Casa de Nariño para acelerar varias de sus promesas que se han truncado por los obstáculos políticos. Una de esas es la ratificación del Acuerdo de Escazú, a la que el mismo mandatario se comprometió de manera rimbombante, pero que ha sido entorpecida por el partido de gobierno y ciertos sectores políticos que denuncian una inexistente pérdida de soberanía con el Acuerdo.
Escazú es necesario, tanto a nivel simbólico como práctico. Según Global Witness, de 227 asesinatos a líderes ambientales en 2020 en el mundo, 65 pasaron en Colombia. Año tras año ocupamos el deshonroso honor de ser el país que más activistas por el ambiente asesina, en el marco de una preocupante aniquilación de líderes sociales, especialmente en zonas de conflicto y sin suficiente presencia estatal. Por eso, a nuestro país le conviene convertirse en un líder mundial en la protección de aquellos que vigilan el bienestar del medio ambiente nacional.
No debería ser una discusión compleja. La ratificación del Acuerdo de Escazú es uno de los pocos logros de la gran conversación nacional que el presidente Duque lideró después de las manifestaciones sociales de 2019. El mismo mandatario se ha presentado ante el mundo como uno de los más comprometidos con la protección del ambiente e intentó posicionar a Colombia a la vanguardia de los compromisos en la lucha contra la emergencia climática. Si el presidente está pensando en su legado, debe retomar esta causa abandonada a la suerte de los politiqueros de siempre en el Congreso.
Los ataques al Acuerdo son exagerados: se habla de perder soberanía, de un saboteo a los proyectos extractivos, de una ausencia de necesidad debido a que ya contamos con regulaciones internas. Verdades a medias y manipulaciones, pues Escazú lo único que pretende es crear herramientas para verificar el cumplimiento de los compromisos de sostenibilidad ambiental y requerir la protección de los líderes que están en riesgo. A escala internacional, se trata de un compromiso de los países por tomarse en serio un problema urgente. Por eso lo necesitamos.
En la Comisión Segunda del Senado se aprobó, con seis votos a favor y uno en contra, la ratificación del Acuerdo. Le faltan tres debates y ya hemos visto que al llegar a las plenarias empiezan los obstáculos más complejos. Pero si el Gobierno mueve su capital político, en clave con varios partidos incluyendo a los de oposición, puede construir una coalición amplia para la ratificación. Debería hacerlo.
Al enterarse de la aprobación en el primer debate, la ONG Ambiente y Sociedad, que forma parte de la Alianza por el Acuerdo de Escazú, dijo: “Aún están pendientes tres debates para culminar el trámite en el Congreso y que Colombia sea parte del Acuerdo de Escazú, pero este es un gran paso que vale la pena celebrar”. Estamos de acuerdo: esta vez el Congreso sí debería ratificar Escazú.
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