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El 10 de diciembre del 2019, el Ministerio de Ambiente de entonces anunciaba con orgullo un acontecimiento: “Como resultado de los intercambios realizados en la Mesa Ambiental que se desarrolla en el marco de la Gran Conversación Nacional, el presidente de la República, Iván Duque, anunció que suscribirá el Acuerdo de Escazú”. El comunicado también venía con una cita del expresidente: “Se conversa y se actúa”, dijo. Hacía referencia a uno de los pocos acuerdos que se lograron después de las manifestaciones masivas, una supuesta muestra de que el Estado escucha a sus ciudadanos. El problema fue que los años pasaron y su gobierno fue incapaz de ratificar Escazú.
Pasó lo que suele pasar tantas veces en Colombia: a pesar de las buenas intenciones, el país se deja enredar en discusiones opacas sobre la protección ambiental. Una y otra vez se escuchó a miembros de la entonces bancada de gobierno, el Centro Democrático, decir que se trataba de una claudicación a nuestra soberanía, que el acuerdo era innecesario, que el compromiso era un espejismo. El presidente Duque tampoco le hizo mayor fuerza a la ratificación, que se terminó hundiendo. Solo hasta cuando el presidente Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño se pudo aprobar y sancionar la ley, convirtiendo a Colombia en el decimocuarto país en ratificar el acuerdo firmado en Costa Rica. Como lo dijimos en su momento, se trató de un avance histórico.
Volvemos a hablar sobre Escazú porque la Corte Constitucional, en decisión unánime, dijo que el tratado se ratificó de manera adecuada. Es decir, ya no hay oposición jurídica alguna para su aplicación en el país. Como explicó la ministra de Ambiente, Susana Muhamad: “Con la ratificación del Acuerdo de Escazú damos un paso histórico en Colombia hacia la protección de quienes defienden la naturaleza y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales. En el año de la naturaleza, en el que somos anfitriones de la COP16, con Escazú hacemos paz con la naturaleza”. En particular, es prometedor que la implementación del acuerdo lleve a más transparencia en los procesos ambientales, un robustecimiento de las herramientas democráticas para proteger la sostenibilidad en toda Colombia y mayor protección a los defensores ambientales. Año tras año, Colombia está en puestos elevados del ranquin de países que más ambientalistas asesina, y sus casos tienden a quedar en impunidad.
No es, como se afirmó en su momento, un acto de claudicación a la soberanía. Por el contrario, es una doble apuesta. Por una parte, reconoce que la protección ambiental es un ejercicio comunitario, y eso pasa por el respaldo a las iniciativas regionales y globales, como la que llevó a la creación del tratado. Por otra, busca crear herramientas para proteger el medio ambiente en el país. No basta con discursos rimbombantes; si no hay leyes y estructuras judiciales que los respalden, son cantos a la bandera.
Tal vez lo explicó mejor Sandra Vilardy, columnista de El Espectador, esta semana: “Las zonas donde están concentradas la producción económica y la población colombiana son, precisamente, las que han perdido su integridad ecológica. El Acuerdo de Escazú ayuda a acelerar las tareas para fortalecer las capacidades de las regiones que aún no han logrado frenar la crisis de biodiversidad y la violencia”. Esperamos que, por el bien del país, así sea.
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