Espionaje a periodistas: 60 años de lo mismo

Hoy 9 de febrero, día del periodista, se presenta la oportunidad de reflexionar sobre las dificultades que existen para el oficio: el problema inmediato, que pudimos experimentar el año pasado, fue el de espionaje.

El caso de Andrómeda, así como la lista de comunicadores que reposaba en la oficina de inteligencia del Ejército, muestran que, a pesar de las advertencias reiteradas, los seguimientos a quienes informan sobre asuntos de interés público persisten.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) habla sobre este asunto en su informe anual, publicado, también, el día de hoy. Este documento invita a reflexionar sobre casos como los ocurridos en 2014: no solo se trata de lo que conocemos del DAS, sino también de 60 años en los que los periodistas han sido objeto de espionaje.

Todo comienza en 1953, con la creación del Servicio de Inteligencia Colombiano. A partir de ese momento empiezan las denuncias por irregularidades en las labores de inteligencia. Las denuncias y las reformas fueron siempre de la mano hasta llegar al día de hoy. Las entidades cambiaron de nombre, pero el problema persistía: era lo mismo. Por ese camino pasaron abusos a periodistas como Gabriel García Márquez, Daniel Samper Pizano, Olga Behar y Antonio Caballero, quienes tuvieron que abandonar el país en los años 80.

La última de estas reformas fue impulsada por el Gobierno actual, con la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, sancionada en 2013. Se supone que esta norma impide que se hagan interceptaciones ilegales. Por esto es que sorprende aún más que haya casos como los sucedidos en 2014. Un disparate.

La existencia de estos hechos sirve para que los temores de antiguos perseguidos se mantengan. Esto también causa que el informe Freedom of the Net, que evalúa la libertad de internet en el mundo, califique a Colombia con 30 sobre 100 (siendo 0 el resultado deseado). Significa que el país tiene complicaciones que podrían empeorar la evaluación a futuro.

El problema reside en que, si bien ya no es tan fácil chuzar un teléfono, las entidades de inteligencia cuentan con muchas facilidades para meter sus narices en otros lugares. La Ley de Inteligencia y Contrainteligencia permite que se haga monitoreo del espectro electromagnético, que es por donde circulan señales como la del celular, y asimismo solicitar datos a las empresas de telefonía sobre el registro de llamadas y la ubicación de las personas. Todo esto sin orden judicial. Aunque hubo advertencias de la sociedad civil de que esto podía ser desproporcionado, ni el Gobierno, ni el Congreso, ni la Corte Constitucional prestaron atención en su momento.

Esto se debe cruzar con lo dicho en la Ley de Seguridad Ciudadana, que permite que la Fiscalía y “cualquier autoridad” delegada por ésta recopilen información de redes, como internet, en labores de policía judicial. Si bien existe una garantía de supervisión del ente acusador, preocupa que cualquiera pueda hacer vigilancia del tráfico de la red. La expresión fue demandada ante la Corte Constitucional: caso omiso.

Lo más preocupante de todo es la dificultad que se levanta a la hora de saber lo que está pasando con las actividades de inteligencia y contrainteligencia en el país. La Ley de Inteligencia y Contrainteligencia estableció una serie de informes de gestión y creó una comisión de control político en el Congreso.

Lamentablemente, todo lo que se hable en esos espacios es reservado. ¿Cómo esperan que confiemos si ni siquiera podemos examinar la eficacia de la ley? La Flip lo advierte: es hora de que esta Comisión y las demás entidades involucradas rindan un informe y un debate sobre cuál ha sido el alcance del espionaje a periodistas en la historia de Colombia.