Los desbordamientos, inundaciones y deslizamientos han destruido 1.700 viviendas, causado daños a otras 200.000 y anegado más de 120.000 hectáreas de cultivos. De los 1.100 municipios, 552 han reportado emergencias y 85 vías nacionales están comprometidas. La caída de dos puentes en Cesar mantiene restringido el paso de un amplio sector de la Costa Atlántica hacia el interior del país y en la Región Pacífica derrumbes dejaron aislados los municipios de Bugalagrande, Tulúa y Andalucía. En varios departamentos del noroccidente las autoridades decretaron alerta roja. Sólo en Antioquia llega a 120 mil la lista de afectados. La capital, hasta ahora en alerta amarilla, ha tenido que construir albergues temporales en Ciudad Bolívar y Bosa.
La situación es tan crítica que, según señaló Ricardo Lozano, director del Ideam, en un sólo día alcanzó a caer en el país la totalidad de agua que se precipita regularmente en el mes de noviembre. Como si esto no fuera suficiente, “el Fenómeno de ‘La Niña’ apenas está alcanzando su etapa de madurez”, aseguró Lozano. El enfriamiento por encima de lo normal de las aguas del Océano Pacífico hizo difícil la recuperación de la temporada de lluvias de abril, junio y julio, y ahora debemos esperar por lo menos un mes y medio más para comenzar a ver un debilitamiento del invierno. Según pronósticos, las lluvias se intensificarán en la Región Andina en los próximos días, se mantendrá la alerta roja en la cuenca media y baja del río Magdalena, la tendencia al ascenso del rí o Cauca y la posibilidad de crecientes súbitas en el río Bogotá. Es decir, miles y miles de damnificados más.
Hugo Gamba, coordinador de la Dirección de Control de Riesgo del Ministerio del Interior, no ocultó su preocupación por los recursos para hacerle frente al desastre: “Para llegar a sitios retirados y realizar trabajos de prevención es necesario que la información llegue, pero sin dinero no hay cómo. Además, es más difícil cuando hablamos de atención; los operativos logísticos y la reubicación de las personas no se pueden dar si no existe el presupuesto adecuado”. El presidente Santos ha autorizado ya más de 300 mil millones de pesos para prevenir y atender los desastres —hasta la fecha se han ejecutado cerca de 65 mil millones—, pero continúa en la búsqueda de recursos pues éstos, se sabe desde ya, serán escasos. “Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, pero no es suficiente, por eso requerimos de la ayuda de todos”, aseguró el Presidente.
Haber declarado estado de calamidad pública, que autoriza la restricción de movilidad, el control de los precios de los alimentos y el acceso a ciertos medios de financiamiento, será una medida útil pero se quedará corta. El país necesita mucho dinero y muchos bienes para disminuir las consecuencias del peor invierno de las últimas tres décadas y el Gobierno Central no va a alcanzar a cubrirlo. Es cierto, gran parte de lo que estamos viviendo se pudo haber evitado, pero ahora tenemos encima lo urgente: cómo hacer que la lista de muertos no siga creciendo y los damnificados no queden en la calle. De aquí el llamado a todas las entidades públicas y privadas para que apoyen la asistencia a los damnificados. El Gobierno ha pedido también la cooperación de organismos extranjeros. No obstante, lo que realmente probará este invierno es qué tanto somos capaces los colombianos de ponernos en el lugar de los demás y sentir en carne propia la angustia de haberlo perdido todo. Angustia que hace que la solidaridad deje de ser un asunto de mera caridad.
Por El Espectador
