Estamos en una crisis y no queremos verla. Casi que semanalmente hemos tenido que dedicar un editorial a un nuevo caso de abuso sexual en colegios de Colombia. Ahora le toca al INEM Simón Bolívar de Santa Marta: una niña de 14 años denunció un abuso sexual por parte de un profesor y eso abrió las compuertas para que otras 38 niñas y adolescentes decidieran hablar. La ciudad, desde la alcaldesa Virna Johnson en adelante, dice estar consternada. Los directivos del INEM han dicho que tomarán medidas. Pero la indignación y la retórica rimbombante muestran que no se trata de casos aislados, que es un problema más allá de una sola institución y que el país no está haciendo lo suficiente para enfrentar el abuso y acoso en los ámbitos escolares.
Paradójicamente, la reacción aislada de la alcaldesa de Santa Marta demuestra la incapacidad de las autoridades para comprender la complejidad del tema. Sí, la Secretaría de la Mujer de Santa Marta ya está realizando acompañamiento psicosocial y jurídico a las víctimas y madres de las afectadas, con apoyos de Bienestar Familiar, la Secretaría de Salud, la Policía de Infancia y Adolescencia, la Fiscalía y la Personería. Sí, la mandataria Johnson fue enfática en su rechazo. Pero también dijo algo preocupante: “Lo que quedó claro en ese comité de convivencia es que hay que instaurar las denuncias, que las víctimas no tengan miedo de denunciar, que tienen todo el acompañamiento del despacho de la alcaldesa y de las secretarías involucradas, así como de parte de los entes de control y los entes judiciales”. Como si el problema fuese la ausencia de denuncias.
Ese es un discurso recurrente. Siempre que estalla un escándalo, las directivas de los colegios o las autoridades vuelven a la misma excusa: es que no había denuncias. O, si las hubo, no eran creíbles. O no tenían suficientes evidencias. O las víctimas no hablaron de manera adecuada. El problema es que denunciar no es tan fácil como creer que la oficina de la alcaldesa te va a respaldar. La realidad del día a día de los cientos de miles de víctimas de violencia sexual es que denunciar es un proceso humillante, frustrante y plagado de incentivos para desistir. ¿A quién hay que acudir, a las mismas directivas del colegio que protegen y les creen más a los profesores? ¿O a la Fiscalía, con toda su hostilidad y funcionarios poco capacitados y abrumados por exceso de casos? ¿Cuántas veces la denuncia no es abrir la puerta a que las cosas empeoren, a recibir todo tipo de estigmatizaciones?
No, la solución no es que haya más denuncias. Sería ideal, por supuesto, tener una Colombia donde la impunidad de los delitos sexuales no estuviese por encima del 90 % y donde tuviésemos funcionarios capacitados para llevar adelante procesos en que la evidencia, por su naturaleza, es testimonial. Pero esa no es la realidad. Lo dijimos: estamos en crisis y no queremos verla.
La lucha contra el abuso y acoso debe ser proactiva, en cada colegio, construida con tiempo y con atención a las víctimas. Deben existir protocolos claros y eficientes que les digan a todas las niñas, niños y adolescentes que si están en una situación de violencia serán protegidas. Si no se crean los espacios de diálogo y de confianza, nada va a ocurrir. También la atención se centra mucho en qué deben o no hacer las víctimas, cuando la pregunta de fondo es otra: ¿cómo dejamos de educar y crear hombres abusadores y violentos?
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