El aún magistrado centró su acusación, a través de los micrófonos de una emisora (como lo dicta la nueva tendencia de nuestros servidores públicos), en el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, quien a su juicio armó una conspiración y un montaje para sacarlo de la Corte Constitucional, entre otras cosas.
Muchas cosas. Contra Montealegre, sobre todo: que compraba conciencias en la Corte; que citó a su esposa Martha Ligia Patrón por un delito de lesa humanidad para presionar su renuncia; que quiso convencerlo en su casa de que colaborara con el proceso de paz para que los guerrilleros de las Farc no pagaran un solo día de cárcel. Y a favor de él mismo: que era inocente, claro; que nunca insistió en la tutela ni la seleccionó ni la votó a favor; que no iba a renunciar, por supuesto; que si se iba él se iban todos, porque “es sumamente grave lo que hay allí”. Contra otros magistrados: que quieren lavarse las manos sacándolo a él de la Corte.... Que todo esto no era una cortina de humo. Memorable.
Una infamia, por decir lo menos, que un todavía magistrado de una alta corte, que se supone representa la majestad de la justicia en su esfera más notable, salga a enlodar a un puñado de personas a través de un medio de comunicación con el pretexto de decirle “la verdad al país”. Una infamia que lo haga solamente cuando ha sido acusado de cometer una conducta muy grave: ahora sí es hora de que Colombia sepa esas “verdades”. ¿Antes no, aún magistrado? Muy conveniente la cosa, para él... Una infamia, además, que un todavía magistrado se deshaga en halagos hacia la institución que debe acusarlo formalmente: “ha sido digna de admirar la Comisión de Acusación”, para luego despacharse, de nuevo, contra la institución que él representa. Inconcebible todo. El viernes fue un día oscuro para la ya de por sí desprestigiada justicia colombiana.
Pero lo más ruin de la estrategia del aún magistrado Pretelt es esa filosofía despreciable de “hagámonos pasito”, de “todos somos iguales”, de “si demuestro que todos somos malos, yo no soy culpable”. No. Así no es la cosa. La sospecha del trámite de sobornos es muy diferente del disgusto por el inicio de una investigación o la demora en presentar una denuncia. Así todo deba investigarse, y sancionarse si hay pruebas.
Con todo, la preocupación mayor es por los efectos de este lamentable escándalo sobre la institucionalidad del país. Y en eso, a pesar de este golpe a su prestigio, la Corte Constitucional sigue siendo una institución que merece respeto. Hay, por lo demás, hechos para mantener la confianza en ella incluso alrededor de este episodio: la denuncia del presunto ilícito cometido por el aún magistrado nació de la misma Corte. Los magistrados, si bien dudaron en un comienzo, se alinearon para pedirle su renuncia. Los casos que se han conocido ahora y están bajo sospecha, al final fueron fallados en la Corte contra los intereses de los supuestos sobornantes, comenzando por el propio caso de Fidupetrol. Eso no puede perderse de vista.
La inocencia de Pretelt sigue intacta hasta que se demuestre lo contrario. Pero muchas son las razones, y esta salida pública es una más, por las que el todavía magistrado debería retirarse de su cargo. La institucionalidad de este país, la poca que queda, lo exige de esa forma. Y no, no todo es lo mismo, todavía magistrado Pretelt.
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