¿Exceso de formalismo?

LA CORTE CONSTITUCIONAL TUMbó esta semana la segunda declaratoria de emergencia invernal hecha por el Gobierno.

La decisión fue unánime. La resistencia al fallo, sin embargo, ha sido dura y se le ha criticado fuertemente el haber supeditado a formalismos la gravedad de la tragedia. De hecho, el propio presidente Santos, con todo el respeto que los altos magistrados se merecen, les ha pedido que entiendan la magnitud de un invierno que continúa causando estragos y que, por lo menos, modulen su decisión. Con esto les ha pedido, en otras palabras, que no hagan inmediata la vigencia de su fallo, sino que decidan una forma de administrar la decisión de manera que difiera sus efectos y no se perjudiquen los damnificados del país. La Corte ha aceptado la petición, pero sigue firme en dejar claro que los estados de excepción no son la forma rápida de saltarse el tortuoso paso por el Congreso, sino poderes especiales que se conceden ante situaciones que de ninguna otra forma pueden enfrentarse, caso que no es, según su juicio, el de la segunda emergencia.

No le falta razón al alto tribunal: a pesar del buen tacto del presidente Santos ante una decisión contraria —que contrasta, por lo demás, con el de su antecesor—, los casos de excepción no están para jugar y esto es, al parecer, lo que quiso hacer el Gobierno al introducir decretos que poco tenían de urgente, como la reestructuración de las CAR o la reforestación en zonas de riesgo. Además, los $5,7 billones adicionales, los mecanismos para girarlos a las entidades públicas y el subsidio por seis meses para el pago de los subsidios de los damnificados —tres de los decretos más urgentes— se debieron incluir en la primera emergencia y, en caso de que tal previsión hubiera sido imposible, otras salidas permanecían, de todas formas, a disposición del Gobierno: conseguir estos últimos adicionales amparándose en la emergencia anterior o hacerlos atravesar por el Congreso con mensajes de urgencia y sesiones extraordinarias. No obstante, pese a todas las opciones, la administración Santos decidió apostar por la vía rápida de la emergencia y, con nueve votos a cero, perdió en su juego.

Un fallo aleccionador, sin duda, pues la Corte Constitucional dejó el precedente claro de que al Ejecutivo no se le permitirá desdibujar el Estado de derecho. Un poder de veto que, si se recuerda, no lo tuvo siempre la Corte, sino que se interpretó por primera vez que era suyo con la Constitución del 91 y, desde entonces, como lo muestra un estudio de Dejusticia, el uso de los recursos extraordinarios disminuyó drásticamente, logrando reversar la tendencia a la excepcionalidad que vivió el país desde el cierre del Congreso en 1949, en el gobierno de Mariano Ospina, hasta la entrada en vigencia de la Carta actual. Una historia que merece ser recordada cada vez que los afanes prácticos del Gobierno —o sus negligencias, o sus oportunismos— terminen por pretender saltarse, según le va conviniendo, los pasos necesarios de la democracia.

Aunque no es labor de la Corte remendar el que el Gobierno haya elegido el camino equivocado, por figuras difíciles de entender como la de la modulación del fallo —cuyo sentido termina de perderse cuando lo que se decreta no es una inconstitucionalidad parcial sino completa—, los magistrados están revisando cada uno de los artículos de la emergencia para ver cuáles podrían permanecer vigentes hasta que surtan su respectivo paso por el Congreso. Paso que por lo demás no debería ser en principio muy difícil, dado que el Capitolio le había concedido ya su aprobación simbólica a la iniciativa del Gobierno; pero, claro, una cosa es el apoyo de cortesía, y otra, el que se pueda traducir en una repartición de beneficios. En cualquier caso, es ahora en manos del Legislativo que se encuentran los damnificados. Ojalá cumplan con su deber tan bien como lo hizo la Corte.

 

 

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