Las torpezas de la Cancillería pueden generar una crisis de visas y pasaportes en Colombia. Al día, según datos de la Defensoría del Pueblo, llegan entre 8.000 y 10.000 solicitudes de pasaportes a la Cancillería en Colombia y en el resto del mundo; sin embargo, la administración de Gustavo Petro lleva más de un año aplazando el proceso de contratación de la empresa encargada de garantizar la expedición de los documentos con todos los requisitos de calidad internacionales. Lo último que ocurrió fue esta semana, cuando el canciller Álvaro Leyva asumió la decisión por su cuenta y anunció que el próximo 13 de septiembre le contaría al país qué harán con la contratación. No se entiende que una licitación armada por el Gobierno haya tropezado tanto en el camino.
Durante los últimos 17 años la empresa Thomas Greg & Sons (TGS) ha sido seleccionada por los distintos gobiernos para encargarse de la expedición de pasaportes y visas. Su contrato más reciente terminaba en octubre del año pasado, pero el Gobierno de Gustavo Petro lo aplazó primero para diciembre de 2022 y ahora hasta octubre de 2023, mientras hacía el proceso de selección. No obstante, los términos de la licitación han sido sujeto de fuertes críticas y la Cancillería ha respondido con torpeza.
Las otras seis empresas que buscaban competir con TGS se quejaron por los requisitos exigidos. Por ejemplo, pedir entrar a funcionar dos meses después de adjudicado el contrato aunque la compra de los insumos tardaría más tiempo que eso, a menos que la empresa ya los tuviera: condición que solo cumple TGS. También pidieron presentar 11 muestras de pasaportes apenas ocho días después de publicados los términos de la licitación, un tiempo imposible para alguien que, de nuevo, no tenga los insumos de antemano. Además se calificó de mejor manera a quien tuviera planta de contingencia en Norteamérica que en Europa y en Suramérica. Parecía un contrato pensado para que TGS se lo ganara y, en efecto, esta empresa fue la única que cumplió con los requisitos dispuestos por la Cancillería en la licitación.
No se trata, por supuesto, de evitar la participación de TGS, pero en un país con libre competencia y con recursos públicos de por medio se debe garantizar la competencia en condiciones justas. Eso no ha ocurrido. Más extraño aún es que el canciller Leyva ahora intervenga en el proceso diciendo que busca “garantizar absoluta objetividad en el análisis de la estructuración y evaluación del proceso”, por lo que requiere “un tiempo prudencial para lo correspondiente a efecto de poder adoptar una decisión en derecho”. ¿Por qué no se hizo eso en todos los meses que lleva el proceso? ¿Por qué, además, no se realizó una licitación con características justas desde el principio?
El problema es que ahora, pase lo que pase, la expedición de pasaportes queda en riesgo. Según el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, “esto se sumaría a las dificultades que han venido registrando los usuarios en la plataforma web a través de la cual se realizan las solicitudes de cita para adelantar dicho trámite. Le solicitamos a la Cancillería celeridad en las gestiones que permitan garantizar la no interrupción en el servicio de expedición de pasaportes”. Nos unimos a ese llamado.
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