Exclusión injustificada

Uno de ellos (sobre la niña aún falta la valoración médica) es VIH positivo, una condición que, con el correr de los años, se ha hecho cada vez más tratable y conocida. Las versiones sobre los hechos abundan y varían dependiendo de quien las emite: a juicio de la hermana Santa Ibargallartu, directora del hogar infantil, lo que ella hizo no fue suspenderlos sino remitirlos a sus tutores naturales, el Hogar Arcoíris, adscrito a la fundación Copservir, quienes brindan ayuda a niños que viven y conviven con el VIH. Esto porque desconocía qué enfermedad padecían, pese a sus constantes requerimientos de la remisión del certificado médico. Algo bien distinto dice la directora ejecutiva de Copservir, Mónica Luna Cataño, quien asegura que a los niños se los está discriminando, impidiéndoles su sano derecho a vivir libremente en la sociedad. Yenifer Gómez, la tutora de los niños, atestigua que la hermana directora de la escuela se declaró engañada porque no se le había informado que los niños padecían esta enfermedad.

Al margen de los hechos, el debate que la noticia ha generado es pertinente e importante. Pero debe partir de una premisa invariable: a nadie se le puede discriminar por padecer una enfermedad como ésta. Si en los primeros tiempos en que se descubrió el origen y el alcance de la enfermedad era explicable cierta prevención, desde hace años resulta absolutamente injustificada cuando harto ha avanzado la ciencia para clarificar los cuidados que deben tenerse a la hora de tratar a las personas que sean portadoras del virus.

La ignorancia, sin embargo, hace que todavía este tipo de enfermedades sirva para estigmatizar a quien las padece. No se tiene en Colombia una información relativamente veraz (ni difundida) de cómo estos individuos pueden vivir una vida plena en sociedad y no aislados, como si se tratara de seres que esparcen el virus a quien respire en el mismo ambiente que ellos, disparate que es común escuchar, al menos más común de lo que debiera ser.

Los portadores de VIH son altamente discriminados en Colombia: no sólo en las meras relaciones sociales, sino también en ámbitos en donde la protección del derecho se hace mucho más fuerte, como en la admisión o permanencia en las escuelas o en las empresas. De tener una conducta distinta, claro, las realidades de no discriminación se extenderían hasta los meros rechazos sociales, convirtiendo a esta sociedad en una mucho más igualitaria. Pero no. Las personas VIH positivo tienen que tratar no sólo con su condición sino también con las personas que infundadamente les temen y les huyen. Este es un símbolo de atraso, de oscurantismo, de plena ignorancia.

A quien quiera que sea VIH positivo lo reviste el derecho a la igualdad de trato. Así como también tiene un derecho a la privacidad: no es dable en un Estado social de derecho que una empresa o escuela exija saber esta condición como requisito de una hoja de vida o entrevista. Por eso sorprenden mucho más las razones que ha argüido la tutora Gómez.

El caso en cuestión parece haber sido resuelto debido a la acción directa de algunas autoridades que certifican que los dos niños serán reintegrados satisfactoriamente a la escuela. Pero el episodio ilustra la necesidad de que los colombianos se informen sobre el VIH/sida con el fin de tratar de una forma digna e igualitaria a quienes lo portan. Los niños de Cali son apenas el ejemplo al que los medios le dimos protagonismo. Pero, lastimosamente, no es el único.

Uno de ellos (sobre la niña aún falta la valoración médica) es VIH positivo, una condición que, con el correr de los años, se ha hecho cada vez más tratable y conocida. Las versiones sobre los hechos abundan y varían dependiendo de quien las emite: a juicio de la hermana Santa Ibargallartu, directora del hogar infantil, lo que ella hizo no fue suspenderlos sino remitirlos a sus tutores naturales, el Hogar Arcoíris, adscrito a la fundación Copservir, quienes brindan ayuda a niños que viven y conviven con el VIH. Esto porque desconocía qué enfermedad padecían, pese a sus constantes requerimientos de la remisión del certificado médico. Algo bien distinto dice la directora ejecutiva de Copservir, Mónica Luna Cataño, quien asegura que a los niños se los está discriminando, impidiéndoles su sano derecho a vivir libremente en la sociedad. Yenifer Gómez, la tutora de los niños, atestigua que la hermana directora de la escuela se declaró engañada porque no se le había informado que los niños padecían esta enfermedad.

Al margen de los hechos, el debate que la noticia ha generado es pertinente e importante. Pero debe partir de una premisa invariable: a nadie se le puede discriminar por padecer una enfermedad como ésta. Si en los primeros tiempos en que se descubrió el origen y el alcance de la enfermedad era explicable cierta prevención, desde hace años resulta absolutamente injustificada cuando harto ha avanzado la ciencia para clarificar los cuidados que deben tenerse a la hora de tratar a las personas que sean portadoras del virus.

La ignorancia, sin embargo, hace que todavía este tipo de enfermedades sirva para estigmatizar a quien las padece. No se tiene en Colombia una información relativamente veraz (ni difundida) de cómo estos individuos pueden vivir una vida plena en sociedad y no aislados, como si se tratara de seres que esparcen el virus a quien respire en el mismo ambiente que ellos, disparate que es común escuchar, al menos más común de lo que debiera ser.

Los portadores de VIH son altamente discriminados en Colombia: no sólo en las meras relaciones sociales, sino también en ámbitos en donde la protección del derecho se hace mucho más fuerte, como en la admisión o permanencia en las escuelas o en las empresas. De tener una conducta distinta, claro, las realidades de no discriminación se extenderían hasta los meros rechazos sociales, convirtiendo a esta sociedad en una mucho más igualitaria. Pero no. Las personas VIH positivo tienen que tratar no sólo con su condición sino también con las personas que infundadamente les temen y les huyen. Este es un símbolo de atraso, de oscurantismo, de plena ignorancia.

A quien quiera que sea VIH positivo lo reviste el derecho a la igualdad de trato. Así como también tiene un derecho a la privacidad: no es dable en un Estado social de derecho que una empresa o escuela exija saber esta condición como requisito de una hoja de vida o entrevista. Por eso sorprenden mucho más las razones que ha argüido la tutora Gómez.

El caso en cuestión parece haber sido resuelto debido a la acción directa de algunas autoridades que certifican que los dos niños serán reintegrados satisfactoriamente a la escuela. Pero el episodio ilustra la necesidad de que los colombianos se informen sobre el VIH/sida con el fin de tratar de una forma digna e igualitaria a quienes lo portan. Los niños de Cali son apenas el ejemplo al que los medios le dimos protagonismo. Pero, lastimosamente, no es el único.