Expectativas incumplidas y deserción

Si el proceso de reincorporación a la vida civil no les demuestra a los exguerrilleros que tiene muchos beneficios vincularse a la legalidad, se crea un incentivo para que ingresen a las economías ilegales. Esa lógica, tan sencilla, se ha venido denunciando desde que empezó el proceso de paz con las Farc. Colombia ya tiene un antecedente: los exparamilitares que terminaron en gran número en las bandas criminales y otras organizaciones delictivas por no tener suficientes oportunidades.

Por eso, las denuncias realizadas en el encuentro de Colombia 2020 de El Espectador el pasado martes por el jefe de la misión de la ONU, Jean Arnault, son muy preocupantes. Según información recogida por esa entidad, los exguerrilleros eran unos 8.000 al 20 de mayo en las zonas veredales donde dejaron las armas y hoy se estima que el 45 % de ellos son los que quedan (eso significa que cerca de 4.300 excombatientes se habrían ido de los espacios).

Más grave aún es el motivo para esa desbandada. Según Arnault, “el mayor determinante de las salidas es efectivamente, de acuerdo con las entrevistas realizadas por la Misión, la pérdida de confianza en las perspectivas que ofrecen los espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR). Muchas expectativas incumplidas por mucho tiempo”.

Lo que se ha dicho: si hay incumplimientos sistemáticos, y si el Gobierno se demora en garantizar los beneficios de la implementación, son muchos los actores ilegales esperando a seducir esta mano de obra altamente entrenada.

También luce inadecuada la manera como el Gobierno contestó. El alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, expresó su malestar porque “no se utilizaron los canales diplomáticos” para presentar estas inconformidades. Al contrario, este es el tipo de debate público que debe darse, entre otras porque la verificación de la misión de la ONU apunta a darle legitimidad al proceso.

Dicho eso, hay que entender el problema en sus proporciones. Joshua Mitrotti, el director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), afirmó en el mismo evento de Colombia 2020 que el 75 % de esos excombatientes están regresando al conteo semanal y a las jornadas de salud y economía básica. En otras palabras, todavía no se ha perdido a la mayoría de la población. Pero el riesgo está.

Arnault mencionó preocupaciones de los exguerrilleros que son entendibles. Dicen que todavía están siendo detenidos por la Policía Nacional y teniendo problemas para acceder al sistema bancario, así como sufriendo por limitados servicios de salud. No ayuda, además, que el ambiente político sea tan hostil a lo pactado, creando la expectativa de que el Estado va a incumplir.

El Gobierno insiste en que cumplirá su palabra y no tenemos motivos para cuestionar su determinación. Sin embargo, no puede negarse que los obstáculos a la implementación se vienen acumulando y que el liderazgo político ha dejado mucho que desear. ¿Qué estamos haciendo con la paz?

Concordamos con Arnault: “Nadie puede tener interés en que exguerrilleros desilusionados de la posibilidad de integrarse a la vida civil en condiciones de seguridad y sostenibilidad vayan gravitando hacia las economías ilegales”. El tiempo se acaba para demostrar que la legalidad es una apuesta atractiva.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Si el proceso de reincorporación a la vida civil no les demuestra a los exguerrilleros que tiene muchos beneficios vincularse a la legalidad, se crea un incentivo para que ingresen a las economías ilegales. Esa lógica, tan sencilla, se ha venido denunciando desde que empezó el proceso de paz con las Farc. Colombia ya tiene un antecedente: los exparamilitares que terminaron en gran número en las bandas criminales y otras organizaciones delictivas por no tener suficientes oportunidades.

Por eso, las denuncias realizadas en el encuentro de Colombia 2020 de El Espectador el pasado martes por el jefe de la misión de la ONU, Jean Arnault, son muy preocupantes. Según información recogida por esa entidad, los exguerrilleros eran unos 8.000 al 20 de mayo en las zonas veredales donde dejaron las armas y hoy se estima que el 45 % de ellos son los que quedan (eso significa que cerca de 4.300 excombatientes se habrían ido de los espacios).

Más grave aún es el motivo para esa desbandada. Según Arnault, “el mayor determinante de las salidas es efectivamente, de acuerdo con las entrevistas realizadas por la Misión, la pérdida de confianza en las perspectivas que ofrecen los espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR). Muchas expectativas incumplidas por mucho tiempo”.

Lo que se ha dicho: si hay incumplimientos sistemáticos, y si el Gobierno se demora en garantizar los beneficios de la implementación, son muchos los actores ilegales esperando a seducir esta mano de obra altamente entrenada.

También luce inadecuada la manera como el Gobierno contestó. El alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, expresó su malestar porque “no se utilizaron los canales diplomáticos” para presentar estas inconformidades. Al contrario, este es el tipo de debate público que debe darse, entre otras porque la verificación de la misión de la ONU apunta a darle legitimidad al proceso.

Dicho eso, hay que entender el problema en sus proporciones. Joshua Mitrotti, el director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), afirmó en el mismo evento de Colombia 2020 que el 75 % de esos excombatientes están regresando al conteo semanal y a las jornadas de salud y economía básica. En otras palabras, todavía no se ha perdido a la mayoría de la población. Pero el riesgo está.

Arnault mencionó preocupaciones de los exguerrilleros que son entendibles. Dicen que todavía están siendo detenidos por la Policía Nacional y teniendo problemas para acceder al sistema bancario, así como sufriendo por limitados servicios de salud. No ayuda, además, que el ambiente político sea tan hostil a lo pactado, creando la expectativa de que el Estado va a incumplir.

El Gobierno insiste en que cumplirá su palabra y no tenemos motivos para cuestionar su determinación. Sin embargo, no puede negarse que los obstáculos a la implementación se vienen acumulando y que el liderazgo político ha dejado mucho que desear. ¿Qué estamos haciendo con la paz?

Concordamos con Arnault: “Nadie puede tener interés en que exguerrilleros desilusionados de la posibilidad de integrarse a la vida civil en condiciones de seguridad y sostenibilidad vayan gravitando hacia las economías ilegales”. El tiempo se acaba para demostrar que la legalidad es una apuesta atractiva.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.