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Hizo bien la Procuraduría General de la Nación en iniciar investigaciones contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, y el secretario general del Ministerio, José Antonio Salazar Ramírez. Son ellos las cabezas del desastroso proceso de contratación para la expedición de pasaportes modernos y el cumplimiento de los requisitos tecnológicos que nos ha permitido tener un documento público de altísima calidad reconocida en todo el mundo. El gobierno de Gustavo Petro abrió una licitación para luego, a último momento, declarar desierto el proceso, a pesar de que uno de los oferentes cumplía con todos los requisitos que le había pedido el Estado. Es necesario ser claros: este desastre se debe al actuar errático de la Cancillería.
Después de escándalo tras escándalo, el ministro Leyva declaró desierta la licitación del contrato para expedir los pasaportes. Al hacerlo, dejó sobre la mesa una realidad que no se puede negar: Thomas Greg & Sons, que lleva 17 años con ese negocio, cumplía todos los requisitos que pidió el Gobierno en documentos públicos. La decisión del gobierno Petro no solo pone en riesgo la expedición próxima de pasaportes, sino que es un incumplimiento al régimen de contratación estatal. Tiene razón el presidente Gustavo Petro en rechazar las licitaciones con un solo proponente, ¿pero qué ocurre cuando la culpa la tienen los términos que redactó el mismo Gobierno?
Lo dijimos en su momento: varios de los requisitos que pide la Cancillería hicieron imposible la libre competencia en la adjudicación de este contrato. Debieron escucharse las objeciones a tiempo y tomar decisiones consecuentes. Sin embargo, el gobierno Petro cayó en la trampa de prorrogar el contrato vigente al plazo máximo permitido mientras abrió una licitación con las condiciones inadecuadas. Bajo esos términos, un único proponente que las cumplía ganó el contrato, situación indeseable, pero legal. Ahora lo que tendremos es una demanda contra el Estado y, más preocupante aún, una adjudicación en vilo para un documento esencial para los colombianos.
Según la Procuraduría, la Sala Disciplinaria de Instrucción considera que declarar desierto ese contrato vulnera los pilares de las normativas que rigen los recursos públicos. Al hacerlo, el ministro Leyva estaría incurriendo en una falta disciplinaria y permitiendo que al Estado colombiano lo demanden. ¿Dónde queda la responsabilidad política por este desastre? ¿Cómo hará el Gobierno para enmendarlo con transparencia y sin romper las reglas del debido proceso?
La improvisación cuesta. Si bien respaldamos el deseo de la administración de Petro de hacer licitaciones competitivas y con mejores condiciones para todos los involucrados, en la contratación de los pasasportes hubo una cadena de errores no forzados en la Cancillería. Eso es inaceptable en términos disciplinarios, políticos y en las consecuencias que puede generar en la vida de los colombianos.
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