La facilidad de ignorar la violencia intrafamiliar

¿Cuántas familias colombianas se sostienen, amparadas por el silencio de la impunidad y la violencia de género, sobre agresiones toleradas por un cálculo similar al propuesto por el candidato a fiscal Néstor H. Martínez?

Cuando la presidenta del alto tribunal, Margarita Cabello, le preguntó sobre las políticas que pensaba implementar para prevenir o combatir los feminicidios y la violencia intrafamiliar en Colombia, Martínez respondió: “La criminalización de esa conducta debe ser objeto de una revisión”, pues “al criminalizarse la violencia intrafamiliar se está generando una ruptura del núcleo familiar a partir de expresiones de violencia de ocasión, además atosigando a todo el sistema penal colombiano”. PosiciArchivo/El Espectador

Justo el escándalo que generó Néstor Humberto Martínez, candidato a fiscal general de la Nación, con una de sus respuestas en la audiencia que la Corte Suprema de Justicia realizó el pasado 9 de junio para evaluar a los ternados. Cuando la presidenta del alto tribunal, Margarita Cabello, le preguntó sobre las políticas que pensaba implementar para prevenir o combatir los feminicidios y la violencia intrafamiliar en Colombia, Martínez respondió: “La criminalización de esa conducta debe ser objeto de una revisión”, pues “al criminalizarse la violencia intrafamiliar se está generando una ruptura del núcleo familiar a partir de expresiones de violencia de ocasión, además atosigando a todo el sistema penal colombiano”. Posición polémica, por decir lo menos, en un tema tan complejo y, lamentablemente, común en el país.

Son dos las discusiones que plantea la declaración de quien ha sido identificado como el más opcionado a convertirse en el próximo fiscal general. La primera, preocupante por sus implicaciones sobre el actuar de las víctimas, tiene que ver con su idea de que la criminalización de la violencia familiar amenaza con “romper” el núcleo familiar por “expresiones de violencia de ocasión”. Hablando con El Espectador, María Victoria Zambrano, abogada representante de víctimas ante el Concejo de Bogotá, resumió el problema con esta posición: “culpa a las víctimas de una situación y no al victimario, pues dice que la ruptura familiar recae en la denuncia, no en el hecho. Además, utiliza la palabra ocasional y bien sabemos que muchas veces los hechos de violencia son constantes y cíclicos”.

En la visión de Martínez, hay tipos de agresión que no deberían entrar en conocimiento de las autoridades, pues no tienen la gravedad necesaria. Sin embargo, introducir ese matriz dentro de las consideraciones abre la puerta para que sean las víctimas las que tengan que cargar encima el peso de decidir si el dolor que sienten es suficiente para “romper el núcleo familiar”, como si esa fuese la consideración más importante en estos casos. ¿Cuántas familias colombianas se sostienen, amparadas por el silencio de la impunidad y la violencia de género, sobre agresiones toleradas por un cálculo similar al propuesto por el candidato?

Es más preocupante aún cuando, como lo dijo Isabel Agatón, del colectivo Cijusticia, “la violencia intrafamiliar es la antesala al feminicidio, que cada día cobra la vida de 60 víctimas, cuando el conflicto armado deja 23”. En 2015 hubo 54.000 denuncias por este delito. Los núcleos familiares, entonces, no están siendo sinónimo de estabilidad y tranquilidad.

Por supuesto, la solución no es únicamente penal. Pero no porque las agresiones intrafamiliares sean un problema menor. Lo que debe reconocerse, como lo hemos repetido en varias ocasiones en este espacio, es que la criminalización sirve de sanción y como respaldo a las víctimas, mas no como respuesta a la problemática integral.

La raíz de la violencia intrafamiliar responde a las jerarquías de poder que se construyen dentro de los hogares y que sí, como es habitual, afectan desproporcionadamente a las mujeres, aunque también se presentan casos de hombres agredidos, y eso sin tener en cuenta las familias de parejas del mismo sexo donde también ese desequilibrio fomenta la agresión. La respuesta necesaria, que requiere un actuar conjunto de todo el Estado y la sociedad civil, es el empoderamiento de los individuos. Por ejemplo, en el caso puntual de las mujeres que se enfrentan a una brecha histórica de acceso a los mismos sueldos que sus contrapartes masculinas, una legislación laboral que ayude a corregir esa situación implica más independencia de sus parejas y menos incentivos para soportar los abusos. Escuchar y entender a las víctimas es el primer paso para saber cómo darle herramientas a la abrumadora cantidad de personas que viven sometidas por culpa de los desequilibrios.

Esperamos que Martínez, si llega a la Fiscalía, haga precisamente eso y colabore en la construcción de una solución estatal integral. Ignorar el problema es condenarlo al silencio.

 

 

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