¿Fallo histórico u oportunista?

El jueves pasado vimos al procurador general, Alejandro Ordóñez, anunciando ante los medios, enérgico, su fallo en el proceso que analizaba el descalabro financiero de la firma comisionista Interbolsa.

Se adelantó unos días —el protagonismo no sería igual— a la decisión inminente de la Fiscalía sobre los mismos hechos: sancionó el procurador a cuatro funcionarios de la Superintendencia Financiera, uno de ellos Gerardo Hernández, la cabeza, quien quedará inhabilitado durante 12 años para ejercer cargos públicos.

Qué duda hay de que le cabe al Gobierno una cuota de responsabilidad por la omisión de vigilancia —por lo menos temprana— en un descalabro como el de Interbolsa, donde, básicamente se robaron los ahorros de un público que tenía su confianza puesta en la entidad más grande del mercado de valores. Como lo presentó nuestro bloguero y experto sobre el tema Alberto Donadio, “a ningún gobierno se le puede pedir que impida la locura colectiva de miles de colombianos que les entregan sus ahorros a estafadores como David Murcia... Pero a todos los gobiernos sí se les puede exigir que eviten que dentro del sistema financiero actúen ladrones que se roban los ahorros del público”. He ahí el matiz histórico que se le atribuye al fallo.

¿Pero es Gerardo Hernández el verdadero responsable? ¿Y tanto como para acabarle su vida de funcionario público comprometido y honrado? No lo creemos.

En estas líneas, cuando nos enteramos del desfalco de Interbolsa, defendimos antes bien el rol discreto del superintendente para proceder a la intervención y posterior liquidación de la comisionista. ¿Era el inmediatismo la manera correcta de actuar, sin medir las consecuencias para todo el mercado? Coinciden los expertos en que el accionar de Hernández impidió, por el contrario, un pánico económico de proporciones aún mayores. No se puede soslayar el hecho de que Interbolsa era un gigante, la mayor empresa de la bolsa, y que una intervención apresurada le habría costado muchísimo a la estabilidad financiera de este país. Estaríamos hoy, en ese caso, responsabilizando al superintendente por los efectos de su apresuramiento.

¿Lo hizo demasiado tarde? Puede ser. Nueve meses se demoró, de acuerdo con la Procuraduría. Sí, puede que la especulación de acciones hubiera operado en las narices del Estado desde hace un buen tiempo sin que nada se hiciera. Y le cabe, claro, al mismo Estado, la responsabilidad de no haber sido muchísimo más prevenido cuando vigilaba al más grande jugador. La pregunta ante la demora es, sin embargo, planteada por el mismo Hernández en sus reclamaciones: ¿Debía actuar  mientras se hacían las indagaciones del caso Interbolsa? ¿Intervenir antes de investigar? Ciertamente no es el camino que indica la lógica.

Pero el sinsabor del fallo va mucho más allá de toda esta problemática procesal. Porque en el caso de los presuntos —y directos— culpables, es decir, aquellos miembros directivos de la entidad financiera, la justicia luce esquiva. Es cierto que Rodrigo Jaramillo, presidente de la comisionista, aceptó el viernes los delitos de manipulación fraudulenta de especies y, parcialmente, el de administración desleal. Esos cargos, no todos: ni los de operaciones no autorizadas, ni el concierto para delinquir. Los otros ocho investigados no aceptaron los cargos. Todos, además, gozan del privilegio de la libertad, mientras que la Fiscalía busca que se les dicte medida de aseguramiento.

Sólo faltaría que al final el gran culpable del desfalco termine siendo el superintendente y que por ese desfalco paguemos todos los colombianos, mientras los defraudadores hacen acuerdos de pagos parciales con sus víctimas y terminan con condenas irrisorias cuando quisieron volverse, y lo fueron, millonarios a costa y sin permiso de los ahorros de otros.

¿Histórico fallo entonces? ¿O más bien oportunista? Ahí dejamos la duda.

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