El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en respuesta al informe ha salido a afirmar que tanto los datos del Cinep como su ministerio sólo tienen conocimiento de un caso sucedido después del escándalo de Soacha, es decir, después de octubre del año pasado. Esto le ha permitido afirmar que el problema de los falsos positivos ya es cosa del pasado y que las sanciones, destituciones, medidas correctivas y procedimientos de seguimiento y control instaurados sí han surtido efecto. No obstante ello, nueva información y otro tipo de análisis, anclado en la historia reciente del país, nos hacen pensar que aún es muy pronto para determinar que la práctica de los falsos positivos ha desaparecido. Y que por respeto a la población aún no es tiempo para triunfalismos.
Para empezar, se sabe de seis presuntos falsos positivos documentados entre diciembre de 2008 y marzo de 2009 por el Observatorio de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Aunque las autoridades investigarán la veracidad de los datos, hasta la fecha el informe no ha sido desmentido.
Por otro lado, cientos de casos documentados demuestran que las denuncias de falsos positivos no se hacen al día siguiente de la desaparición de la persona. En muchas ocasiones los cuerpos se demoran semanas y hasta meses en aparecer, o incluso nunca aparecen. Los familiares y conocidos de las víctimas se mantienen por algún tiempo a la espera de noticias, y no siempre hay suficiente información para vincular la desaparición como un falso positivo. Aún es muy pronto para determinar si las medidas del Ministerio de Defensa tuvieron un efecto tan eficaz en tan corto tiempo.
Por si fuera poco, información reciente indica que desde que se inició la política de Seguridad Democrática, las ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos del Ejército han aumentado exponencialmente. En un reciente oficio de la Dirección Nacional de Fiscalías se informa que a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de esta institución se le han asignado 37 casos sucedidos entre 1985 y 2001, y 901 entre 2002 y 2008. Dicho de otra manera, en los últimos siete años se han producido 24 veces más denuncias que en los anteriores 17. Y aunque las denuncias no son sinónimo de falsos positivos, el alto crecimiento en las mismas sí marca una tendencia.
Los falsos positivos son un extremo del espectro de violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública. Los falsos positivos, es preciso insistir, son la expresión más macabra de la difuminación de las diferencias entre combatientes y civiles, propia de nuestra guerra. Pero incluso, como muestra la información de la Fiscalía, durante los años de la seguridad democrática se han desvanecido más esas fronteras. Esto no cambia de la noche a la mañana, pues es el resultado de décadas de aprendizaje sobre cómo hacer la guerra.
Celebramos que desde el Ejército se esté haciendo un serio diagnóstico para poner fin a esta conducta criminal, que los avances de las investigaciones se le comuniquen a la opinión pública y que se tomen medidas drásticas que le devuelvan credibilidad y confianza a la institución. Pero el Ministro debería pensarlo dos veces antes de asegurar que los falsos positivos son cosas del pasado.