El paro armado ordenado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) –también conocidas como “Los Pachenca”– terminó el pasado viernes a las siete de la mañana, tal como la organización lo decidió. Resulta dramático e ilustra la dimensión del problema que el “regreso a la normalidad”, justamente celebrado por las autoridades samarias, haya sido anunciado por las ACSN y no por el Estado. Durante tres días, esa estructura criminal consiguió paralizar Santa Marta, capital del Magdalena, una ciudad de unos 600.000 habitantes y uno de los principales destinos turísticos del país.
Fue la respuesta inmediata a que alias Cholo, señalado como segundo cabecilla y financiero de las ACSN, fuera dado de baja en un operativo de la Policía. A inicios de mes, cayó también alias Bendito Menor, de la misma organización. Los golpes a estos jefes y las capturas de sus secuaces son importantes y demuestran las capacidades de nuestra Fuerza Pública cuando recibe apoyo a sus operaciones desde la cabeza del Estado. Ya alias Pinocho, máximo líder de la organización, confirmó a través de sus abogados que está dispuesto a negociar su sometimiento. Con todo, el paro de esta semana evidencia que la gobernanza criminal de las ACSN está lejos de perder fuerza.
Tras la muerte de Bendito Menor, alias Cholo tomó las riendas. Dado este último de baja, la organización, casi de inmediato, llevó a cabo el paro armado y quedó a la cabeza alias Patiliso. Es decir, el golpe sin duda ha sido significativo, pero no necesariamente producirá un debilitamiento proporcional de una estructura con capacidad organizativa ágil.
El Gobierno dio una demostración de fuerza. El presidente Abelardo de la Espriella nuevamente caminó entre cadáveres, ordenó militarizar la región y se trasladó a Santa Marta, donde recorrió algunos barrios confinados con una pistola en el cinto, mientras aviones Kfir sobrevolaban el Magdalena. De entrada, es fácil criticar esas imágenes de “espectáculo”, pero también pueden ser entendidas como una respuesta a una criminalidad que, a su vez, recurre a las redes sociales para exhibirse, intimidar y reclutar jóvenes en un contexto de débil presencia estatal. Así lo hacía alias Bendito Menor en su cuenta de Instagram, que alcanzó más de 90 mil seguidores.
Aunque las ACSN están geográficamente localizadas y no son la organización criminal más grande del país, su presencia en la Sierra Nevada y el Magdalena se ha consolidado por casi 40 años. Su origen está ligado al Bloque Resistencia Tayrona, de las AUC, que se desmovilizó en 2006 y que lideró por años Hernán Giraldo, extraditado dos años más tarde. Giraldo dejó una red de parientes y compadres que heredaron buena parte de ese entramado. Se reorganizaron y, en 2019, adoptaron el nombre de Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Durante el cuatrienio de Gustavo Petro, participaron de las negociaciones de la “Paz Total” sin llegar a acuerdo alguno. En esas décadas se consolidó una sólida gobernanza territorial y sistemas penales y de seguridad paralelos. Diversas investigaciones han descrito una estructura de gobierno criminal que convive con la autoridad estatal y, en determinados territorios, compite con ella. A esto se suma que las ACSN controlan rutas hegemónicas del narcotráfico y la extorsión, lo que genera suficientes rentas para sostener hombres, armas y redes de información.
El Estado tiene la obligación de perseguir a quienes ejercen violencia y someten a comunidades, y las operaciones contra sus principales responsables son necesarias, eso sí, siempre dentro de la ley. Pero todavía tiene por delante la tarea de recuperar una autoridad territorial. Esto requiere desmontar las redes económicas, sociales y políticas que durante décadas han permitido que el crimen se convierta en una forma de gobierno.
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