Hay muchos ejemplos: la brutalidad de algunos miembros de la fuerza pública, vuelta visible por el asesinato de un joven grafitero; la violencia contra las mujeres, hecha palpable en las reprochables conductas del Bolillo Gómez; el prolongado drama del secuestro, representado hace unos días en Arauca.
El país despierta, enfrenta el drama y se conmueve ante sus desgracias endémicas. En la población de Fortul (Arauca) una niña llamada Nohora Muñoz —hija del alcalde Jorge Muñoz— se dirigía en motocicleta junto con su madre hacia el colegio en el que estudiaba. De repente, unos hombres bajaron a las dos mujeres del vehículo y las metieron dentro de un carro. Tiempo después del recorrido obligaron a la madre a bajar y a esperar una llamada. Después de tres días, los captores se comunicaron con el alcalde y su esposa para darles una noticia tranquilizadora: que la niña está bien (que no quiere decir bien, horror, sino viva y sin males físicos), y para decirles quiénes son ellos y qué quieren. Es claro que el padre no puede revelar más información ya que la vida de su hija está en juego. Ahí quedaron sus declaraciones.
El Gobierno, por su parte, se ha manifestado por varios frentes. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ha ofrecido una recompensa de $100 millones por alguna información que pueda conducir al paradero de la menor. El del Interior, Germán Vargas, llamó en persona al alcalde de Fortul para manifestarle su solidaridad y anunciarle que el Gobierno está adelantando los operativos necesarios para la liberación. El presidente Santos también habló: dijo que el Gobierno hará todo lo que esté en sus manos para poder liberarla y para aplicar a sus captores el riguroso peso de la ley. Asimismo, se refirió a la política antisecuestro, diciendo que ha funcionado puesto que el delito ha disminuido en un 100%, volviendo a los colombianos mucho más sensibles frente a este reprochable crimen.
Las palabras de Santos caen bien, pero no son del todo ciertas. En primera medida, porque ya se ha puesto en duda la metodología para medir los secuestros. Así lo hizo la fundación País Libre en el informe presentado en diciembre de 2010, donde muestra que las cifras sobre el secuestro son vacías (ya que no representan una herramienta cognitiva sino, más bien, una forma de mostrar los éxitos políticos u operativos) y muchas veces borran a las personas de las que no se tiene un conocimiento sobre su situación actual. ¿En qué se convierten dentro de las mediciones? ¿En homicidios? ¿En desapariciones forzadas? No se sabe.
Por otra parte, el presidente dice que el pueblo colombiano se ha sensibilizado por el drama del secuestro. Pero esto no obedece necesariamente a una reducción significativa del número de plagios, haciéndolos un tema anormal y que genere indignación. Ya muchas veces los colombianos se han manifestado frente a este crimen, pero por poner los ojos encima de uno que visibilice ese horrible drama: el profesor Moncayo caminando desde Nariño, la foto de Íngrid Betancourt con la mirada perdida en la desesperanza, o el actual secuestro de una niña que cuenta con apenas 10 años.
Este caso es como una radiografía: muestra de cabo a rabo los vejámenes del crimen. Muestra también que, en una zona que se supone debe estar bien custodiada por el Estado —Fortul queda al lado de Venezuela— esta y otras manifestaciones de violencia ocurren, lo cual debe prender las alarmas. Finalmente, deja ver que los colombianos siguen en una actitud de reproche frente al secuestro, lo que debe impulsar a captores de todo tipo a abandonar esta práctica convertida en flagelo de muchos.