Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, no solo necesita volver a leer la Constitución de Colombia, sino que debería entender que la opinión pública es capaz de ver más allá de sus maromas retóricas para justificar un acto indefendible. Su exabrupto autoritario en contra de un evento de presentación de un libro sobre la historia de la guerrilla del M-19 es un claro acto de censura; se trata de una violación de la Carta Política, una estigmatización indebida a un trabajo académico y sigue una peligrosa historia de limitación de los discursos permitidos. Su trabajo no es definir qué se puede y qué no se puede hacer en los espacios públicos, ni mucho menos intimidar a los funcionarios de una biblioteca que autorizaron la realización de un encuentro intelectual. Para una alcaldía que ha acusado a la Presidencia de autoritarismo, no deja de ser llamativa su propia tendencia de hostilidad hacia la libertad de pensamiento.
El autoritarismo siempre se busca presentar como superioridad moral y legal. Esa fue la estrategia manipuladora adoptada por el alcalde Gutiérrez. Cuando la Biblioteca Pública Piloto estaba a punto de ser la sede de la presentación del libro El M-19, de la guerra a la política, Gutiérrez utilizó todo su poder para exigir la cancelación del evento; envió a la policía y forzó a los trabajadores del espacio público a dejar a los asistentes sin sonido. “En Medellín, nunca tendrá espacio la apología al terrorismo”, escribió el alcalde, sintiéndose satisfecho con su maniqueísmo. “Nuestra ciudad respeta la memoria de las víctimas, no la propaganda de quienes empuñaron las armas”, dijo. Acusó al evento de hacer proselitismo político y dijo que es “inaceptable que alguien de la Biblioteca hubiera permitido esta agenda. Aquí defendemos la legalidad. Ni la Alcaldía de Medellín, ni mucho menos yo, nos vamos a prestar para esto”.
Sorprende, además, la estrategia adoptada por el alcalde para defenderse ante las acusaciones de haber cometido un acto de censura. “Cualquiera puede creer o comprar lo que quiera. Aquí nadie está vetando nada. Lo que no puedo permitir como alcalde es que se haga un evento político mientras estamos en campaña electoral”, dijo. En esencia, argumenta que se violó la Ley de Garantías por tratarse, en su opinión, de un evento político. Tiene razón, alcalde: presentar un libro que interroga académicamente y de manera crítica la historia del país es un acto político, pero lo es contra el analfabetismo, la falta de reflexión y la falta de cultura en torno a la diversidad de opiniones. Eso no lo prohíbe la ley, y suena curioso que en su alcaldía lo crean así.
Quien sí está haciendo un acto político electoral evidente es el alcalde Gutiérrez. En un mensaje, dijo que tiene claro que está “del lado de las víctimas y no de los victimarios”. Imposible no recordar cuando ordenó borrar un grafiti que honraba a las víctimas de La Escombrera: su otro acto de censura. Unas víctimas le importan más que otras. Además de alcalde, Medellín se ha ganado un crítico de arte y de la academia. El problema es que lo hace abusando de sus funciones como servidor público, buscando aprovechar la ocasión para dar otro golpe de opinión en contra de la Casa de Nariño. ¿Y la Procuraduría? Ausente, como en tantas otras circunstancias. Es lamentable esta persecución a la intelectualidad en la capital de Antioquia.
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