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En vísperas de la entrada en vigor de la prohibición de contratación estatal de manera directa por la Ley de Garantías, el Gobierno Nacional decidió convertir enero de 2026 en un festival de firmas y ampliaciones de nómina. Aunque en la Casa de Nariño habían prometido no despedir personas por motivos de su afiliación política, El Espectador ha documentado denuncias de presiones en distintas entidades, en particular la Unidad de Víctimas, para favorecer a ciertos sectores justo en plena campaña electoral. Las respuestas del presidente Gustavo Petro son parcialmente ciertas y evitan confrontar los casos más intrigantes de contratos directos a la medida de políticos.
Todo el año pasado, el Gobierno Nacional se quejó por la falta de recursos públicos. Por eso, entre otras cosas, estamos en medio de una declaratoria de emergencia económica. Sin embargo, todo este mes los colombianos hemos visto noticia tras noticia de entidades públicas contratando prestadores de servicios por montones. El Tiempo contó que, entre el primero de enero y el 26 de este mes, el Estado colombiano firmó 5.923 contratos por 609.194’826.576 pesos. Esa cifra ya está desactualizada. Como contamos en El Espectador, en enero el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) tuvo más de 300 movimientos contractuales, una cifra por encima del mismo mes en 2024 (85) y en 2023 (10). También hemos contado movimientos en las plantas de la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio del Trabajo y hasta Colpensiones, que creó 800 nuevos cargos.
El presidente Petro ha defendido su gobierno restándole importancia a lo que ocurre. “No son nuevos contratos”, explicó, “es la prórroga de los anteriores contratos que terminan en su mayoría el 31 de diciembre y deben ser renovados en enero”. En cuanto a Colpensiones, dijo que “los anteriores contratistas, siguiendo las sentencias de la Corte, que así lo ordena, pasan a la nómina laboral”. No obstante, no ha mencionado las denuncias hechas por El Espectador en la Unidad de Víctimas. Solo en enero se vinculó a 442 personas por contrato de prestación de servicios y el Fondo de Reparación a las Víctimas pasó de un presupuesto de 9.200 millones de pesos al año a uno de 22.500 millones. Varias fuentes reservadas le dijeron a Colombia+20 de El Espectador que dentro de la entidad se pidieron datos para contratar personas que fortalecieran ciertas campañas al Congreso de la República.
La desconfianza, entonces, está justificada.
La Casa de Nariño debe comprender que es doblemente extraño su discurso: primero, porque se queja de vacas flacas y aun así expandió la planta del Estado durante estos años de gobierno; segundo, porque sí hay nuevas contrataciones que se están haciendo de afán justo en un año electoral lleno de polarización y sospechas. El presidente Petro ha respondido en sus redes con su hostilidad habitual. Con tanto dinero en juego y tantos contratos siendo firmados, ¿hay mecanismos en funcionamiento para evitar el clientelismo o los apoyos electorales? ¿Se está revisando que las entidades públicas no sean utilizadas como fortines burocráticos? Son preguntas que no se resuelven en una publicación de X.
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