Figura innovadora para resolver un problema de marras, caracterizado por una “patria boba” institucional. También para proyectar la apropiación social de los cerros orientales como el gran espacio verde natural de la ciudad. Los principios del alto organismo son claros: reconocer los derechos adquiridos para las licencias de construcción legales en esta zona denominada área de consolidación del borde urbano, que cubren cerca del 50% de la delgada superficie, y crear espacio público verde para el disfrute de los habitantes en el resto del área, denominada de ocupación pública prioritaria.
Si bien la sentencia busca la armonización de usos e intereses —fórmula de gestión ambiental basada en derechos—, el tema tomó una senda inadecuada de litigios y agrias controversias. La franja es ancha, pero la distancia entre los opuestos se amplía, con planteamientos sólo políticos o ideológicos. No ayudan eslóganes como “ni un ladrillo más en los cerros orientales”, como tampoco la intención manifiesta de usar todo el espacio en cuestión para proyectos urbanísticos. Tampoco ayuda azuzar la pugna entre lo público y lo privado. La franja es ante todo un espacio para un pacto de borde entre quienes la habitan, los propietarios y todos los habitantes de Bogotá.
Preocupan en este sentido algunos vacíos en el proyecto de decreto que avanza el Distrito Capital. Persiste la falta de precisión cartográfica de límites y usos, lo cual se resolvería con una vigilancia externa para un asunto que debería ser sólo técnico. Cuando se trata de barrios informales que deben ser legalizados, es oportunidad para hacerlos “ecobarrios”, creando el espacio verde recreativo que les fue negado por las fuerzas del mercado. Pero no hay lineamientos suficientes sobre cómo sería la necesaria inclusión social. Si se trata de algún proyecto urbanístico cuya legalidad no esté en duda, es una oportunidad para el ecourbanismo. Pero hay una franja gris sobre quién y cómo se definirán los proyectos o licencias que pueden acceder al reconocido. En este punto parece haber malos perdedores, dispuestos a echar al traste todo el proceso, para que salgan a flote sólo sus intereses. Frágil espacio para la manipulación política, de espaldas a la ciudad. En los tipos de uso reconocidos por el instrumento reglamentario, falta una definición clara sobre dónde podría haber desarrollo de equipamientos, en especial para las zonas de ocupación pública prioritaria. Entre los usos que deben armonizarse hay una enorme oportunidad para la integración ecológica con corredores transversales hacia los cerros y por las quebradas, y para la integración social a través de un gran proyecto de uso público que privilegie las estructuras blandas. La propuesta queda ambigua. ¿Por qué no de una vez revivir la propuesta de un corredor ecológico y recreativo? Inadecuado, en fin, parece que, sin resolver estos asuntos básicos, el instrumento del Distrito entre a tocar asuntos selectos que serían objeto del diseño detallado. Por ahora, muy desafortunado, tenemos una franja de confrontación, y en un momento político inadecuado y proclive para seguir aplazando lo fundamental. Más arriba permanece el bosque oriental de Bogotá como el mayor pasivo de gestión publica de espacios naturales en la ciudad. Oportunidad para intervención del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ninguna decisión única tendría de un solo golpe tantos beneficiados. En este tema no asoman visos de posconflicto.
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