Frenazo en los avances con Ecuador

El proceso judicial que un juez de Sucumbíos, cerca de la frontera colombo-ecuatoriana, adelanta por el bombardeo en el que cayó el segundo al mando de las Farc, es el palo en la rueda. Y no porque se esté investigando el operativo, sino porque al creativo juez ecuatoriano se le ha dado, en lo que parece ser un afán inusitado de protagonismo, por vincular a dicha investigación —como lo había hecho ya con el ex ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos— al comandante de las Fuerzas Militares, el general Freddy Padilla de León y, según se conoció ayer, también al comandante de la Fuerza Aérea, general Jorge Ballesteros, y al director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo.

Ante esta decisión, el Gobierno colombiano ha solicitado, y el ecuatoriano aceptado, el aplazamiento de la reunión de la Comisión Binacional Fronteriza prevista para el día de hoy en Ibarra. “No es posible uno enviar a sus oficiales a una reunión en Ibarra cuando pende una espada de Damocles sobre su cabeza”, alegó, con toda razón, el ministro de Defensa, Gabriel Silva. Ahora se está a la expectativa de saber si también ha quedado en suspenso el nuevo encuentro de los cancilleres previsto para el próximo 3 de noviembre allí en Ecuador. Es de esperar que no sea así y que el diálogo en lo posible continúe inalterado.

Por fortuna este nuevo impasse ha sido tomado con tranquilidad y buen juicio por ambos gobiernos. Un regreso al intercambio de improperios que en tiempos no muy lejanos se había vuelto costumbre, sería el peor escenario. “Colombia reitera al gobierno del Ecuador la necesidad de encontrar una solución a este problema, para avanzar en la normalización de las relaciones diplomáticas”, dice el comunicado colombiano. “Quisiera hacer una reafirmación por parte del Gobierno Nacional de que existe una voluntad política de construir un diálogo con Colombia”, dijo ayer el canciller ecuatoriano, Fander Falconí.

El problema es que el asunto no se puede quedar allí, por muy buena voluntad que exista de parte y parte. El Gobierno colombiano ha dejado expreso que “no reconoce la jurisdicción extraterritorial de la justicia ecuatoriana para investigar y juzgar a funcionarios y ex funcionarios colombianos”. Ante lo cual, hasta la hora de escribir estas líneas al menos, el Gobierno ecuatoriano no ha dicho nada. Se ha limitado a precisar, sí, que “la función ejecutiva no tiene ninguna capacidad de designar, intervenir, controlar o decidir sobre la Fiscalía (...) en ese sentido, esto responde a una decisión autónoma de la justicia ecuatoriana”.

¿Estamos en un punto muerto, entonces, que puede echar por la borda el anhelado restablecimiento de las relaciones? Ciertamente la posición del Gobierno ecuatoriano es real, pues este es un asunto de la justicia y no del ejecutivo. Pero el que eso lo deba aceptar el Gobierno colombiano no significa que no pueda aspirar a una posición más clara de su contraparte. Y ello porque es el discurso incendiario del pasado, del presidente Correa hacia abajo, el origen de la “valentía” con que el juez de Sucumbíos se siente hoy héroe nacional vinculando a los cerebros de la exitosa operación del 1 de marzo de 2008. Mientras no se recojan esas palabras necias, se estará respaldando la decisión del juez y, por lo tanto, incumpliendo los primeros acuerdos para el acercamiento. El diálogo debe continuar, pero hay que forzar a que desaparezcan los claroscuros.