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Cualquier persona que venga del aeropuerto de Cúcuta —capital de Norte de Santander— se va a cruzar con los escombros. Una concesionaria de vehículos tiene todavía varias ventanas destrozadas. Ese es el resultado de los explosivos detonados a las tres de la mañana del pasado sábado mientras la ciudad estaba celebrando las ferias municipales. Hay 11 policías y tres civiles heridos y un animal de compañía muerto por culpa de la agresión. El autor fue el ELN, que buscaba atacar el Comando de Policía de Norte de Santander. Más allá de los errores del gobierno saliente en el proceso de paz intentado con ese grupo, el mensaje al presidente electo, Abelardo de la Espriella, es elocuente y requiere una respuesta estratégica. Los grupos criminales siguen con capacidad de hacer mucho daño en varias partes de Colombia.
Norte de Santander vivió todo el mes de julio bajo el asedio de ataques. Un mayor de la Policía fue atacado en el municipio de Puerto Santander. El coronel Jorge Andrés Bernal Granada, comandante de la Policía del departamento, también fue atacado en la vía entre el Zulia y Sardinata. El congresista Ariel Rodríguez tuvo un atentado con explosivos en su vivienda, en Los Patios. Información de inteligencia que se difundió a la opinión pública cuenta que Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, tercer cabecilla del ELN, ordenó ataques contra la fuerza pública antes, durante y después de la posesión presidencial. El objetivo es enviar un mensaje al nuevo gobierno, mientras que la población civil vive en medio del terror. Según el general William Rincón, director de la Policía Nacional, en el atentado con explosivos “es claro y evidente que hay una afectación del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.
Desde su victoria, el presidente electo De la Espriella ha prometido el regreso de la mano dura contra los grupos criminales. Ha lanzado rimbombantes ultimátums, diciendo que, si no hay una rendición rápida, serán perseguidos con todo el peso de las autoridades. El desprecio de estos grupos por la humanidad, incluido el ELN, justifica la intención de combatirlos con energía. Sin embargo, lo que este tipo de ataques demuestra es la necesidad de que haya más planeación: estrategia por encima de fuegos artificiales. Algo que tardó demasiado en comprender el gobierno saliente de Gustavo Petro es que el fortalecimiento de los grupos criminales durante estos años y su evolución a ser primordialmente urbanos aumentó su capacidad de hacer daño. Ante eso, no basta con hacer grandes gestos, sin entender la dinámica de cada organización y ciudad.
Cúcuta y Norte de Santander son tal vez el ejemplo paradigmático de la incapacidad del Estado colombiano por proteger a los ciudadanos y garantizar que las instituciones no se encuentren infiltradas por los grupos criminales. Al ser territorio de una frontera porosa, la influencia de narcotraficantes, contrabandistas y guerrillas se hace sentir. El asesinato del colega Cristian Herrera, en junio, demuestra que las organizaciones criminales no se sienten intimidadas por investigaciones en su contra. Al contrario, lo que dicen todas las fuentes con las que hablamos en la ciudad es que hay una connivencia entre instituciones públicas y privadas y los capos. Esto se menciona en voz baja, pues la autocensura es la norma cuando la amenaza es la muerte.
Desde Álvaro Uribe, incluyéndolo, todos los presidentes han fallado en su diagnóstico sobre el problema de seguridad. Mientras unos creen que con persecución estatal basta (Uribe, Duque), otros han buscado salidas negociadas (Santos, Petro). Mientras tanto, la violencia evolucionó en sus formas y fuentes de financiamiento. Hoy tenemos grupos trasnacionales que operan más como empresas que como guerrillas. La respuesta debe ser inteligente, integral y consciente de las lecciones que nos dejan los últimos 20 años.
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