La desmedida reacción de Israel ante la barbarie desatada por el terrorismo de Hamás está llevando una situación ya de por sí compleja a unos niveles inimaginables que pueden terminar, dependiendo de la próxima evolución de los hechos, en su internacionalización. A las 1.400 personas asesinadas por Hamás y los 200 rehenes que tomaron se suman los cerca de 7.000 palestinos muertos como consecuencia de los bombardeos israelíes, cifra que crece cada día. En ambos casos la inmensa mayoría de los fallecidos son civiles protegidos por las normas del derecho internacional humanitario. Es esencial que se pueda frenar este desangre con un cese al fuego inmediato.
Israel, lo hemos reiterado en estas páginas, tiene el legítimo derecho a defenderse ante la demencial acción terrorista llevada a cabo por Hamás. El drama de los más de 200 rehenes, utilizados como moneda de cambio o como escudos humanos cuando se presente la anunciada invasión terrestre, debe resolverse con su liberación sin condiciones. Así como dentro de Israel y alrededor del mundo miembros de la comunidad judía alzan la voz de manera sensata para exigir respeto por la vida de los civiles de ambos lados y una solución definitiva al problema con la creación final del Estado de Palestina, sería importante que del lado palestino se dejen escuchar voces en el mismo sentido.
Las imágenes que llegan desde la Franja de Gaza no pueden ser más dolorosas. Al número de muertos, cerca de 3.000 menores de edad entre ellos, se suman los más de 17.000 heridos y unos hospitales colapsados. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado al Gobierno de Benjamín Netanyahu como responsable de la comisión de crímenes de guerra en Gaza por los ataques indiscriminados que afectan allí a la población civil y por el asedio que dejó a sus habitantes sin agua, alimentos, combustible y electricidad, y pide su fin inmediato. Entre las víctimas fatales se encuentran 57 trabajadores de Naciones Unidas. También considera un crimen de guerra el desplazamiento forzado de miles de gazatíes hacia el sur de la Franja.
La comunidad internacional, que condenó mayoritariamente los actos terroristas de Hamás, debería ser consecuente y exigir al mismo tiempo a Netanyahu que cese de inmediato los ataques indiscriminados contra civiles en la Franja de Gazay permita que la ayuda que entra con cuentagotas por el paso de Rafah llegue a los 100 camiones diarios necesarios para asegurar un mínimo abastecimiento, frente a los cerca de 80 que se menciona han ingresado en los últimos seis días. El Consejo de Seguridad de la ONU se encuentra estancado ante la figura del veto. Su Asamblea General aprobó ayer una resolución instando a un cese al fuego inmediato e incondicional, pero dichas resoluciones no son vinculantes. Por último está la absurda petición del canciller de Israel, Eli Cohen, para que renuncie el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, por haber mencionado, con absoluta razón, que los ataques de Hamás no vinieron “de la nada” y obedecen al hecho de que los palestinos han estado “sometidos a 56 años de ocupación asfixiante”.
Decía nuestro columnista Juan Carlos Botero, citando al escritor israelí Yuval Noah Harari, que, al caer en la trampa del terrorismo y responder de manera indiscriminada, la víctima se convierte en victimario: “Sin duda, lo inteligente sería hacer lo contrario, dice Harari. No sobrerreaccionar. Hacer un trabajo serio y prudente de inteligencia militar. Utilizar los organismos secretos del Estado para hallar a los culpables del ataque”.
Infortunadamente, una vez más, las acciones de ambos lados obtienen un resultado final diferente al buscado. El terrorismo de Hamás parece alejar la legítima y necesaria posibilidad de contar con un Estado propio para el pueblo palestino, y la reacción desmedida de Israel parece impedir que puedan contar con fronteras seguras a futuro.
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