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Hoy se cumplen 30 días desde que empezó el desastre ambiental por el derrame del pozo 158 del campo La Lizama de Ecopetrol, a 300 metros del corregimiento La Fortuna, en Santander. Todavía quedan muchas preguntas por resolver, pero la reacción a lo ocurrido deja en evidencia un país lleno de frustraciones en el tema ambiental y con autoridades descoordinadas y sin capacidad de evitar que los desastres empeoren. Que todavía no podamos señalar responsabilidades es un síntoma de la gravedad y complejidad de lo sucedido, pero también de la falta de herramientas e información para reaccionar a estos eventos.
Al cierre de esta edición se había reportado que llegaron las máquinas necesarias para determinar las causas del derrame. En total, se hablaba de 23.440 barriles de petróleo, lodo, agua y gases regados a lo largo de 24 kilómetros del caño Muerto, la quebrada La Lizama y el río Sogamoso. Pero esa cifra puede aumentar. También se conoció que hasta el momento se han encontrado 1.306 animales vivos y recuperados y 2.437 animales muertos. Las poblaciones cercanas siguen declarándose afectadas y piden que Ecopetrol responda.
Desde el principio, la situación ha estado enmarcada en dudas. Aunque se supo desde el 2 de marzo de la existencia del derrame, varios analistas dicen que Ecopetrol tardó demasiado tiempo en activar el plan de contingencia, subestimando los posibles impactos. Al respecto, el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, le dijo a El Colombiano que “la ANLA ya ha formulado cargos diciendo que prácticamente Ecopetrol subestimó el evento, reportándolo tarde como algo menor, y eso llevó a que se presentaran demoras en la respuesta, dando como resultado que todo el sistema se impactara gravemente y más aún al manifestarse que el plan de contingencia no estaba actualizado”. Si en efecto eso es lo que ocurrió, las sanciones apropiadas deben llegar.
Sin embargo, lo que no puede negarse es que, una vez activado el plan de contingencia, la petrolera ha tomado todas las medidas necesarias. El problema es que la situación es mucho más compleja de lo que se esperaba, al punto que, como mencionamos, al cierre de esta edición no se sabe cuál fue la causa.
Lo que nos lleva a los informes. El mismo Ecopetrol había remitido un documento a la Agencia Nacional de Hidrocarburos señalando que el pozo La Lizama 158 tenía fallas mecánicas y de revestimiento. La Contraloría, por su parte, expidió un informe un día posterior, diciendo que tenía información de otros cinco pozos en el campo La Lizama que no habían sido sellados a pesar de lo ordenado en la ley. Para el ente de control, esto “denota falencias en la planeación y gestión de los abandonos de pozos, actividad imprescindible para la conservación ambiental”.
Las preguntas necesarias son: ¿Qué utilidad tienen los informes de los entes de control, que pululan cuando hay desastres, si no alteran la ocurrencia de estas situaciones? Si hubiese una mejor articulación entre ellos, ¿habríamos podido evitar lo ocurrido?
Toda esta falta de información por parte de los expertos, junto a la inoperancia de las autoridades, causan una justa frustración entre los colombianos, acostumbrados a sentir que los temas ambientales se les salen de las manos. El país necesita respuestas claras lo más pronto posible.
Por El Espectador
