Las funciones del fiscal

Lo que la Constitución le encomienda —eso de ejercer la acción penal, investigar delitos o planear la política criminal del Estado— queda a un lado cuando da entrevistas como la que publicó El Tiempo el fin de semana pasado.

 

 

No existe en esta entrevista el decoro institucional que podemos exigirle a quien dirige la Fiscalía General de la Nación. Parecen las palabras de un congresista, de alguien a quien la sociedad ha delegado para dar discusiones de este tipo. Ahí lo leímos, ante reiteradas preguntas de Yamid Amat, su entrevistador, sentenciando la poca legitimidad que el Congreso tiene para legislar en esta materia. O, si nos atenemos a la literalidad de sus palabras, en cualquier materia.

 

Aquí algunos de sus dardos: “Fracasaron los mecanismos de democracia deliberativa” (...) “tenemos que hacer el debate ante la opinión pública (porque) en el Congreso nos reciben con agresión y con violencia” (...) “hay sectores en el Congreso que lanzan la especie de que lo que nosotros queremos es la impunidad y nos deslegitiman”. Y así: una andanada de declaraciones que, para no ir muy lejos, dejan al Congreso de la República como una entidad incapaz para ejercer las funciones que se le han encomendado. O, también, a la justicia como una rama del poder público que no puede reformarse con los mecanismos usuales.

 

Por eso insiste el señor fiscal en la idea de una asamblea nacional constituyente “de carácter limitado”. Aquí hay que hacer punto aparte y pensar en sus implicaciones: una constituyente no es un instrumento usual con el que se reforman algunas cosas, sino un arma poderosa, acaso incontrolable, que puede terminar por cambiar todo el Estado de un plumazo. Mucho más cuando ese “carácter limitado” está sujeto a libres interpretaciones: habló el fiscal de la relación que tiene la justicia con las Farc, con la paz futura, con el precio de que unos no vayan a la cárcel, sobre los 50 años del conflicto. Y que, por no estar esto último contemplado en la reforma, nos quedamos “con una franja muy pequeña del problema”. ¡Caramba, señor fiscal! ¿Dejamos todo tal cual hasta que las Farc decidan dejar las armas? ¿Son esos asuntos inherentes al conflicto los realmente importantes en nuestras carencias palpables de una buena administración de justicia?

Ya va siendo hora de que el señor fiscal recuerde cuáles son sus funciones y actúe mucho más como jefe de una entidad que como líder de opinión pública.

 

 

Lo que la Constitución le encomienda —eso de ejercer la acción penal, investigar delitos o planear la política criminal del Estado— queda a un lado cuando da entrevistas como la que publicó El Tiempo el fin de semana pasado.

 

 

No existe en esta entrevista el decoro institucional que podemos exigirle a quien dirige la Fiscalía General de la Nación. Parecen las palabras de un congresista, de alguien a quien la sociedad ha delegado para dar discusiones de este tipo. Ahí lo leímos, ante reiteradas preguntas de Yamid Amat, su entrevistador, sentenciando la poca legitimidad que el Congreso tiene para legislar en esta materia. O, si nos atenemos a la literalidad de sus palabras, en cualquier materia.

 

Aquí algunos de sus dardos: “Fracasaron los mecanismos de democracia deliberativa” (...) “tenemos que hacer el debate ante la opinión pública (porque) en el Congreso nos reciben con agresión y con violencia” (...) “hay sectores en el Congreso que lanzan la especie de que lo que nosotros queremos es la impunidad y nos deslegitiman”. Y así: una andanada de declaraciones que, para no ir muy lejos, dejan al Congreso de la República como una entidad incapaz para ejercer las funciones que se le han encomendado. O, también, a la justicia como una rama del poder público que no puede reformarse con los mecanismos usuales.

 

Por eso insiste el señor fiscal en la idea de una asamblea nacional constituyente “de carácter limitado”. Aquí hay que hacer punto aparte y pensar en sus implicaciones: una constituyente no es un instrumento usual con el que se reforman algunas cosas, sino un arma poderosa, acaso incontrolable, que puede terminar por cambiar todo el Estado de un plumazo. Mucho más cuando ese “carácter limitado” está sujeto a libres interpretaciones: habló el fiscal de la relación que tiene la justicia con las Farc, con la paz futura, con el precio de que unos no vayan a la cárcel, sobre los 50 años del conflicto. Y que, por no estar esto último contemplado en la reforma, nos quedamos “con una franja muy pequeña del problema”. ¡Caramba, señor fiscal! ¿Dejamos todo tal cual hasta que las Farc decidan dejar las armas? ¿Son esos asuntos inherentes al conflicto los realmente importantes en nuestras carencias palpables de una buena administración de justicia?

Ya va siendo hora de que el señor fiscal recuerde cuáles son sus funciones y actúe mucho más como jefe de una entidad que como líder de opinión pública.