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“Quieren quitarme el río y también la playa… Quieren al barrio mío y que abuelita se vaya… No, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai… Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái”. Bad Bunny ofrece en Medellín tres conciertos. Son parte de la gira un disco que denuncia la gentrificación –la llegada de nuevos habitantes con mayor poder adquisitivo que encarece un territorio y desplaza a quienes lo habitaban originalmente– y la turistificación –cuando una ciudad deja de pensarse para sus habitantes y funciona principalmente como destino turístico–. Por el concierto, la ciudad llega a una ocupación hotelera del 95 % y se presentan en masa denuncias por una subida usurera de precios en las plataformas de rentas cortas como Airbnb. La llegada del reguetonero puertorriqueño amplifica los mismos males que su música critica. Como “diagnóstico y síntoma al mismo tiempo”, calificó a esta paradoja el periodista cultural Santiago Cembrano.
En 2023, la revista Time Out nombró al barrio Laureles, de Medellín, como el más cool del mundo. En 2024, Nomad List ubicó la ciudad en el puesto 43 de más de 1.300 destinos para el trabajo remoto. Esos reconocimientos han ocurrido a la vez que en la ciudad se denuncia un aumento descontrolado de la explotación sexual –muchas veces de menores–; un alza en los precios de la vivienda superior a la medida que estipula la ley y un déficit habitacional ligado a la falta de territorios disponibles para construir. Es cierto que la llegada masiva de dólares cuando el peso está debilitado puede resultar en carestía. No obstante, como lo explica la columnista antioqueña Ana Cristina Restrepo, la usura que se presentó el fin de semana del concierto –y que se ha practicado desde el aumento del turismo a Medellín– es muestra de un ethos común en nuestra sociedad: el vivo vive del bobo. Este proceder perjudica no solo a los turistas, sino a toda la ciudad.
Pero la gentrificación y la turistificación no son fenómenos exclusivos de Medellín. En la última década, el Oriente antioqueño ha vivido un acelerado auge inmobiliario, impulsado, en buena parte, por el desplazamiento de habitantes de mayor poder adquisitivo desde la capital del departamento. El resultado ha sido un aumento sostenido de los precios de la vivienda, una expansión urbana desbordada y una presión creciente sobre municipios que hasta hace poco tenían dinámicas rurales o semiurbanas. Justo en esa subregión se debate el establecimiento del área metropolitana del Valle de San Nicolás, que integraría ocho municipios. ¿Podrá ese proyecto frenar la gentrificación en Oriente o, por el contrario, la favorecerá?
De acuerdo con el alcalde Federico Gutiérrez, el derrame económico del concierto de Bad Bunny superó los 140.000 millones de pesos. Todos estos factores hacen un llamado a las administraciones locales: el turismo y los megaeventos son oportunidades privilegiadas para generar riqueza y cultura, pero el desarrollo urbano debe pensarse en función del bienestar y la permanencia de sus habitantes. Está en desarrollo un proyecto de decreto gubernamental que busca endurecer el control del Registro Nacional de Turismo sobre las plataformas digitales de alojamiento, y el Congreso tiene sobre la mesa proyectos de Ley para regular el turismo desde una perspectiva territorial. Las instituciones deben responder a la altura de las circunstancias.
Durante décadas, el archipiélago de Hawái fue promovido como paraíso turístico global. El resultado: comunidades locales desplazadas, lenguas y culturas convertidas en mercancía, ciudadanos que hoy no pueden permitirse pagar la vida en la tierra donde nacieron. Medellín y Antioquia aún están a tiempo de evitar ese destino. Pero hacerlo implica asumir que la gentrificación y la turistificación no son daños colaterales inevitables del progreso, sino consecuencias de decisiones políticas, de vacíos regulatorios, de un déficit en la oferta de vivienda y de un modelo de desarrollo que privilegia la rentabilidad del territorio sobre el derecho a habitarlo.
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