Gran omisión

En estas páginas ya nos hemos referido a las decisiones del Ejecutivo que se caen en la revisión en las cortes y los problemas que esto representa para la planeación estatal. Es una mala costumbre que se ha vuelto parte de una tradición de mal gobierno. Lamentablemente acaba de volver a suceder cuando el Ministerio del Medio Ambiente definió las zonas mineras para la Sabana de Bogotá, decisión que fue suspendida en sus efectos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sigue pues la crisis de gobernabilidad en la cartera ambiental.

Pero que no haya confusión. No se trata, por supuesto, de argumentar que estamos en contra de la minería, en especial cuando en una sola afirmación incorpora decenas de formas de hacer minería en el país. No. El país necesita de los productos de la minería, sus regalías y su músculo económico.

Sucede, a nuestro entender, que el Gobierno Nacional está haciendo las cosas al revés, lo cual resulta en contravía de los mandatos y funciones de la cartera ambiental. Caso ejemplarizante es la Sabana de Bogotá, en donde estamos frente a una gran omisión. El artículo 61 de la ley 99 de 1993 declara que “la Sabana de Bogotá, sus aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos” son de interés ecológico nacional y además “dispuso expresamente que la destinación prioritaria de la Sabana de Bogotá será para el desarrollo de actividades agropecuarias y forestales”.

Es claro que el Ejecutivo debe definir las áreas aptas para la minería o urbanización. Una concertación deseable entre los ministerios de Minas y Vivienda, con el Ministerio ambiental, debe sin embargo estar precedida por el ejercicio del mandato que recibió el Gobierno Nacional de desarrollar el principio según el cual la Sabana de Bogotá “es de interés ecológico nacional”. He aquí la gran omisión.

Que el espacio geográfico que alberga un 20 % de la población del país y que genera una proporción aun superior del PIB nacional sea de “interés ecológico nacional” requiere una interpretación. Considerar que el legislador pensó en una gran área protegida, en la cual no caben sino los usos de conservación y los agrícolas y ganaderos, haría inviable esta decisión, que seria así simplemente ignorada.

En cambio, reconociendo que se trata de un territorio con grandes dinámicas económicas, se impone una visión de sostenibilidad fuerte. Se trata de inscribir el proyecto urbano e industrial de la Sabana en un gran proyecto ecológico regional. Los limites de la actividad transformadora del territorio se deben definir con base en la capacidad del sistema ecológico. Podría el Minambiente nombrar una comisión que defina y ponga en un mapa, con insumos académicos, esos valores ecológicos de interés nacional. Incluyendo la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, el valor cultural y el riesgo climático. Debería el Ministerio así generar el marco de referencia para acoger con seguridad ambiental las transformaciones.

Sería entonces un tipo de paisaje protegido, o distrito de conservación de suelos, o una cuenca en ordenación especial, a partir de una estructura ecológica y adaptativa permanente. Hacerlo al revés, es decir, definir primero los usos impactantes, está llevando a los funcionarios a ejercer donde no les toca y no ejercer donde les toca.

La Sabana de Bogotá, en su valor ecológico nacional, sigue siendo una de las mayores omisiones en la política ambiental nacional y pone en tela de juicio la retórica del desarrollo sostenible. Como dijimos en editorial a propósito del fin del período del ministro Vallejo, también aquí “es momento de rectificar”.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

En estas páginas ya nos hemos referido a las decisiones del Ejecutivo que se caen en la revisión en las cortes y los problemas que esto representa para la planeación estatal. Es una mala costumbre que se ha vuelto parte de una tradición de mal gobierno. Lamentablemente acaba de volver a suceder cuando el Ministerio del Medio Ambiente definió las zonas mineras para la Sabana de Bogotá, decisión que fue suspendida en sus efectos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sigue pues la crisis de gobernabilidad en la cartera ambiental.

Pero que no haya confusión. No se trata, por supuesto, de argumentar que estamos en contra de la minería, en especial cuando en una sola afirmación incorpora decenas de formas de hacer minería en el país. No. El país necesita de los productos de la minería, sus regalías y su músculo económico.

Sucede, a nuestro entender, que el Gobierno Nacional está haciendo las cosas al revés, lo cual resulta en contravía de los mandatos y funciones de la cartera ambiental. Caso ejemplarizante es la Sabana de Bogotá, en donde estamos frente a una gran omisión. El artículo 61 de la ley 99 de 1993 declara que “la Sabana de Bogotá, sus aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos” son de interés ecológico nacional y además “dispuso expresamente que la destinación prioritaria de la Sabana de Bogotá será para el desarrollo de actividades agropecuarias y forestales”.

Es claro que el Ejecutivo debe definir las áreas aptas para la minería o urbanización. Una concertación deseable entre los ministerios de Minas y Vivienda, con el Ministerio ambiental, debe sin embargo estar precedida por el ejercicio del mandato que recibió el Gobierno Nacional de desarrollar el principio según el cual la Sabana de Bogotá “es de interés ecológico nacional”. He aquí la gran omisión.

Que el espacio geográfico que alberga un 20 % de la población del país y que genera una proporción aun superior del PIB nacional sea de “interés ecológico nacional” requiere una interpretación. Considerar que el legislador pensó en una gran área protegida, en la cual no caben sino los usos de conservación y los agrícolas y ganaderos, haría inviable esta decisión, que seria así simplemente ignorada.

En cambio, reconociendo que se trata de un territorio con grandes dinámicas económicas, se impone una visión de sostenibilidad fuerte. Se trata de inscribir el proyecto urbano e industrial de la Sabana en un gran proyecto ecológico regional. Los limites de la actividad transformadora del territorio se deben definir con base en la capacidad del sistema ecológico. Podría el Minambiente nombrar una comisión que defina y ponga en un mapa, con insumos académicos, esos valores ecológicos de interés nacional. Incluyendo la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, el valor cultural y el riesgo climático. Debería el Ministerio así generar el marco de referencia para acoger con seguridad ambiental las transformaciones.

Sería entonces un tipo de paisaje protegido, o distrito de conservación de suelos, o una cuenca en ordenación especial, a partir de una estructura ecológica y adaptativa permanente. Hacerlo al revés, es decir, definir primero los usos impactantes, está llevando a los funcionarios a ejercer donde no les toca y no ejercer donde les toca.

La Sabana de Bogotá, en su valor ecológico nacional, sigue siendo una de las mayores omisiones en la política ambiental nacional y pone en tela de juicio la retórica del desarrollo sostenible. Como dijimos en editorial a propósito del fin del período del ministro Vallejo, también aquí “es momento de rectificar”.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.