La reciente detención del periodista José Rubén Zamora por orden de la Fiscalía en Guatemala es un nuevo ataque contra la libertad de información. Zamora, presidente de elPeriódico, el medio de comunicación más representativo del país gracias a la lucha sin tregua contra la corrupción, venía denunciando casos que vinculan a personas al más alto nivel. La fiscal general, Consuelo Porras, ha utilizado la fuerza judicial para intentar acallar al periodismo independiente. Nos solidarizamos con Zamora y con todos los que han expresado que “¡no se calla la verdad callando periodistas!”.
La imputación de la Fiscalía, como ha sucedido en Nicaragua o Venezuela, por citar tan solo dos casos, carece de todo sustento. Se habla de un supuesto lavado de dinero u otros activos, chantaje y tráfico de influencias, y que a Zamora se le detiene no como periodista, sino como empresario. elPeriódico ha mantenido una posición crítica contra el presidente Alejandro Giammattei y la señora Porras ya fue sancionada por Estados Unidos. Es muy difícil desligar las denuncias sustentadas en un medio tan prestigioso y la incomodidad que esto causa en las altas esferas del poder. Son cerca de 15 los funcionarios de la Fiscalía que han tenido que huir del país ante la arremetida de la fiscal para ocultar casos evidentes de corrupción.
Los periodistas independientes y el gremio que los reúne han sido enfáticos en señalar a Giammattei y Porras como los responsables de esta intimidación contra quienes insistan en mantener su conducta de periodismo investigativo que, con argumentos y pruebas, pone su dedo acusador frente a quienes se aprovechan del erario. Además de Porras, el fiscal Rafael Curruchiche, encargado de adelantar el caso, también hace parte de la llamada lista Engel que expide el Gobierno de Estados Unidos, en la cual se incluye a personas “corruptas y antidemocráticas”.
Quienes ejercemos el periodismo y consideramos la libertad de información como pilar esencial de la democracia debemos levantar una voz de condena ante este tipo de situaciones. Utilizar de manera ilegítima la fuerza del Estado y sus organismos de control o de represión para atemorizar, enjuiciar y encarcelar a los periodistas independientes no puede tener cabida en ninguna sociedad que se considere a sí misma respetuosa del Estado de derecho. Por este motivo nos sumamos al llamado que formuló el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, a las autoridades para “velar por el cumplimiento de los derechos y garantías judiciales”, ante la detención y el allanamiento a elPeriódico.
No se debe olvidar que el desempeño del Gobierno en materia de derechos humanos ha sido cuestionado seriamente en los últimos meses. En junio pasado, la CIDH añadió a Guatemala a la lista de países donde se observan graves violaciones a los derechos humanos, junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua. El presidente Giammattei rechazó dichos cuestionamientos en una visita que hizo ante la OEA. Este tipo de actitudes refuerzan lo mencionado por la CIDH cuando expresó que en el país centroamericano había un “progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática”, “injerencias sistemáticas contra la independencia” del sistema judicial, “irregularidades en el proceso de elección de magistrados” y “la criminalización y estigmatización” de los jueces.
José Rubén Zamora fundó elPeriódico a mediados de los 90 y en sus investigaciones por corrupción no solo ha cuestionado a diversas administraciones y al sector privado, también ha denunciado los abusos de poder, gracias a lo cual ha obtenido importantes reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio María Moors Cabot de la Universidad de Columbia. Debe ser puesto en libertad de inmediato.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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La reciente detención del periodista José Rubén Zamora por orden de la Fiscalía en Guatemala es un nuevo ataque contra la libertad de información. Zamora, presidente de elPeriódico, el medio de comunicación más representativo del país gracias a la lucha sin tregua contra la corrupción, venía denunciando casos que vinculan a personas al más alto nivel. La fiscal general, Consuelo Porras, ha utilizado la fuerza judicial para intentar acallar al periodismo independiente. Nos solidarizamos con Zamora y con todos los que han expresado que “¡no se calla la verdad callando periodistas!”.
La imputación de la Fiscalía, como ha sucedido en Nicaragua o Venezuela, por citar tan solo dos casos, carece de todo sustento. Se habla de un supuesto lavado de dinero u otros activos, chantaje y tráfico de influencias, y que a Zamora se le detiene no como periodista, sino como empresario. elPeriódico ha mantenido una posición crítica contra el presidente Alejandro Giammattei y la señora Porras ya fue sancionada por Estados Unidos. Es muy difícil desligar las denuncias sustentadas en un medio tan prestigioso y la incomodidad que esto causa en las altas esferas del poder. Son cerca de 15 los funcionarios de la Fiscalía que han tenido que huir del país ante la arremetida de la fiscal para ocultar casos evidentes de corrupción.
Los periodistas independientes y el gremio que los reúne han sido enfáticos en señalar a Giammattei y Porras como los responsables de esta intimidación contra quienes insistan en mantener su conducta de periodismo investigativo que, con argumentos y pruebas, pone su dedo acusador frente a quienes se aprovechan del erario. Además de Porras, el fiscal Rafael Curruchiche, encargado de adelantar el caso, también hace parte de la llamada lista Engel que expide el Gobierno de Estados Unidos, en la cual se incluye a personas “corruptas y antidemocráticas”.
Quienes ejercemos el periodismo y consideramos la libertad de información como pilar esencial de la democracia debemos levantar una voz de condena ante este tipo de situaciones. Utilizar de manera ilegítima la fuerza del Estado y sus organismos de control o de represión para atemorizar, enjuiciar y encarcelar a los periodistas independientes no puede tener cabida en ninguna sociedad que se considere a sí misma respetuosa del Estado de derecho. Por este motivo nos sumamos al llamado que formuló el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, a las autoridades para “velar por el cumplimiento de los derechos y garantías judiciales”, ante la detención y el allanamiento a elPeriódico.
No se debe olvidar que el desempeño del Gobierno en materia de derechos humanos ha sido cuestionado seriamente en los últimos meses. En junio pasado, la CIDH añadió a Guatemala a la lista de países donde se observan graves violaciones a los derechos humanos, junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua. El presidente Giammattei rechazó dichos cuestionamientos en una visita que hizo ante la OEA. Este tipo de actitudes refuerzan lo mencionado por la CIDH cuando expresó que en el país centroamericano había un “progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática”, “injerencias sistemáticas contra la independencia” del sistema judicial, “irregularidades en el proceso de elección de magistrados” y “la criminalización y estigmatización” de los jueces.
José Rubén Zamora fundó elPeriódico a mediados de los 90 y en sus investigaciones por corrupción no solo ha cuestionado a diversas administraciones y al sector privado, también ha denunciado los abusos de poder, gracias a lo cual ha obtenido importantes reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio María Moors Cabot de la Universidad de Columbia. Debe ser puesto en libertad de inmediato.
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