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Centroamérica y el Caribe están en una crisis de institucionalidad. Nicaragua tiene a su dictador. El Salvador está desmantelando su joven democracia en medio de la euforia bukelista. Honduras tiene un liderazgo político polémico. Haití sigue sin superar su magnicidio reciente y Cuba está atrincherada en el autoritarismo. Incluso Costa Rica, usual referente de estabilidad en la región, ha caído en juegos populistas que amenazan con desmoronar sus avances históricos. Por eso no deja de ser sorprendente que Guatemala, en una elección contundente, haya decidido romper en la Presidencia con su clase política dominante y elegido a un outsider que ha prometido retomar la interrumpida lucha anticorrupción. El acompañamiento internacional será esencial para que no saboteen la decisión de los ciudadanos en las urnas.
Todas las alarmas se prendieron después de la primera vuelta presidencial. Bernardo Arévalo salió de la nada y se coló, con un resultado estrecho, en la segunda vuelta. Allí se enfrentó a Sandra Torres, ex primera dama que pactó alianzas con los partidos políticos dominantes. Desde esa elección, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y el Gobierno de los Estados Unidos denunciaron que había una estrategia para torpedear la candidatura de Arévalo, pues se abrió una investigación contra su partido, Semilla, con el objetivo de desmantelarlo. Aunque la Corte Constitucional frenó de momento el intento por obstaculizar la llegada a la Presidencia de Arévalo, los augurios no eran buenos en un país que hace poco encarceló a un periodista solo porque no le gustaba al fiscal especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche. De hecho, en 2019 la ex fiscal general Thelma Aldana, candidata presidencial por Semilla, no pudo participar, también por tácticas cuestionables de las autoridades.
Sin embargo, no pudieron repetir la historia. La votación fue indiscutible. Arévalo ganó con el 58 % de los votos y las personas salieron a festejar en las calles. Que su partido Semilla haya nacido de la destitución del presidente Otto Pérez, condenado por corrupción, no es coincidencia. Arévalo llega con un mandato de retomar la senda de la lucha anticorrupción, que durante años llevó el ahora ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, cuando dirigía la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Desde que la Cicig fue expulsada del país en 2019, la Fiscalía guatemalteca ha liderado una persecución contra jueces y fiscales anticorrupción, al mismo tiempo que sepultó investigaciones que tocaban a los más altos funcionarios de la institucionalidad de ese país. Más de 40 investigadores judiciales y dos decenas de periodistas han sido procesados o tuvieron que abandonar el país por la persecución.
Arévalo lo sabe. En su discurso de victoria dijo: “Lo que el pueblo grita es basta ya de tanta corrupción. Trabajaremos por garantizar instituciones que ganen su confianza (…) Esta victoria es del pueblo y ahora, unidos como pueblo de Guatemala, lucharemos contra la corrupción”. Tiene además un peso simbólico, pues es el hijo de Juan José Arévalo, quien fue el primer presidente elegido democráticamente desde la revolución en 1944 y llevó a cabo reformas progresistas que fortalecieron las instituciones y las libertades en Guatemala. ¿Vendrá una nueva primavera para Guatemala? Será difícil, pero vale la pena intentarlo.
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