Este diario conoció de primera mano los principales problemas: uno es la calidad del glifosato, el que compró la Policía Nacional el año pasado por casi $12.000 millones, que no podría usarse en el territorio nacional por no cumplir con una serie de estándares que el gobierno de Estados Unidos exige.
Las razones son bastante contundentes. De acuerdo con una serie de análisis que realizaron las autoridades del país del norte, el producto contiene componentes tóxicos, inflamables, es de consistencia irregular y, como si se tratara de un producto de tienda y no de un veneno que se esparce en las montañas y poblaciones de Colombia, las etiquetas, supuestamente, se alteraron para crear la ilusión de que el herbicida cumplía todos los requerimientos.
El segundo gran problema es la erradicación manual. Tropiezo tras tropiezo, esta política no parece tener un éxito contundente. No solamente son las plantaciones de coca, que van en aumento por la frontera con Ecuador, ya que allí no puede usarse el glifosato, ni bastan los ataques guerrilleros, que están en santa comunión con las ‘bacrim’ para cuidar los narcocultivos, o tampoco es la inconclusa consulta previa a las comunidades indígenas que habitan por lugares de siembra de hoja de coca. No. Es también que, recientemente, se cayó la licitación abierta por la Unidad Especial de Consolidación para seleccionar la empresa que debe contratar a los erradicadores manuales. Al final de todo el proceso nadie se presentó. Desierta, pues, la posibilidad de que alguien asuma ese interés tan grande por parte del gobierno en su lucha frontal contra el narcotráfico.
Un muy mal diagnóstico dejan estos dos síntomas. La guerra contra las drogas, en Colombia, está teniendo un mal momento. Lamentarnos sería lo más lógico, pero también podría ser hora de reevaluar nuestros métodos, nuestras luchas, en suma, nuestra batalla contra las drogas.
Por un lado, el hecho de que se cuestione la calidad del producto con el que se rociarían los cultivos colombianos hace que el debate se pueda extrapolar a niveles más generales. Supongamos, entonces, que el glifosato sigue cumpliendo los estándares que Estados Unidos exige. ¿Esto lo hace necesariamente bueno? Esos aviones volando tras una cortina de herbicida, se sabe, no son lo más benéfico para el medio ambiente ni para la salud de las personas. Sus efectos secundarios se sienten igual. Cumplen estándares, sí, y evitan demandas, pero siguen siendo altamente cuestionados. En fin, en un panorama ideal, sería mejor que no existieran.
Preocupa aun más que la opción alternativa para erradicar los cultivos no sólo tenga pobres resultados, sino que esté, además, en la cuerda floja. Es hora de que el gobierno se haga las preguntas pertinentes, esas mismas que, con sensatez, sabemos que se ha hecho desde hace un tiempo sobre cómo combatir el flagelo del narcotráfico. No podemos dejar pasar esta oportunidad para reabrir el debate.
Es obvio que las autoridades policiales darán su pelea por el uso del glifosato adquirido o, en últimas, lo cambiarán. Es obvio que esta práctica continuará por años venideros. Es obvio, también, que se encontrará una forma de erradicar y sustituir manualmente los cultivos. Pero vale la pena tomar todo esto como un alto en el camino para pensar en ciertas preguntas. Una, la más importante: ¿es hora de retomar la pelea para reevaluar las políticas antidroga?
Por El Espectador
