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Tenemos que hablar, como sociedad, de la obesidad y de los riesgos para la salud que representan las comidas ultraprocesadas con altas cantidades de grasas saturadas, azúcares y sodio. Sin embargo, el debate ha estado innecesariamente mediado por la censura y los extremismos. No se trata de destruir la industria colombiana, sino de buscar soluciones productivas a un problema que gana espacio en el mundo entero.
Son dos las coyunturas locales relacionadas con el tema. Primero, la Corte Constitucional falló una tutela presentada por Educar Consumidores contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Cuando se estaba discutiendo en el Congreso el impuesto a las bebidas azucaradas, Educar pagó para emitir un comercial explicando cuántas cucharadas de azúcar había en una gaseosa. La SIC prohibió la emisión del anuncio por considerarlo impreciso y pidió que cualquier comunicación similar debería ser previamente aprobada por esa entidad. Una decisión problemática, no sólo por constituir una censura en el momento álgido de la discusión sobre el impuesto, sino porque sentó un precedente angustiante para quienes quieran intervenir en el debate público sobre cómo nos alimentamos los colombianos. Por fortuna, la Corte sentenció que ese tipo de limitaciones no se pueden presentar y que los anuncios similares a los de Educar están protegidos por la libertad de expresión.
Lo cual es buena noticia para la Red Papaz, que lanzó una campaña buscando combatir la publicidad que reciben los menores de edad para que compren productos no muy sanos. La campaña cayó en el mismo debate que zanjó la Corte, pues una norma absurda declara a los medios corresponsables de los contenidos publicitarios, lo que llevó a los canales de televisión a abstenerse de llevarla al aire. Bien hizo la Corte al proteger la libertad de expresión y resulta impropio imponerles a los medios la responsabilidad de aplicar una censura previa a los contenidos.
Pero el debate es otro. Como Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papaz, le dijo a El Tiempo, “la campaña tiene la motivación de generar una conversación pública sobre la inconveniencia de exponer a los niños a la publicidad y promoción de productos ultraprocesados altos en azúcares, sodios y grasas saturadas, que no es otra sino comida chatarra”. Estamos de acuerdo en ese propósito. Según la Encuesta de Salud Nutricional del 2010, uno de cada seis niños colombianos tiene problemas de peso. Debe estar claro que los colombianos no pueden mantener sus hábitos alimenticios sin percatarse de los daños a corto, mediano y largo plazo que esto genera. No sólo para sus vidas individuales, sino para la sostenibilidad del sistema de salud que debe cargar con las enfermedades producto de la mala alimentación.
No obstante, no se trata de destruir la industria colombiana. Eso nada soluciona. Es bienvenido, en ese sentido, que la Cámara de la Industria de Alimentos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) diga que tiene el interés de seguir alimentando a los colombianos de la mejor forma posible. “El mayor esfuerzo que se debe hacer es en educación frente a los hábitos de vida saludable”, dijeron, y ese debería ser el punto de inicio para los acercamientos entre los padres preocupados y los empresarios.
El debate debe abrirse, sin censura de por medio, y generar acercamientos. Satanizar a la contraparte no nos llevará a ningún lado. El diálogo puede terminar en soluciones y campañas efectivas para que el consumo sea mucho más responsable.
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