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Con $500.000 millones de presupuesto y altísimas expectativas se firmaron los decretos que faltaban para poner en marcha el Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Encabezado por la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, se trata de una apuesta por reconocer que Colombia es un país con desigualdad sistemática y discriminaciones patentes, por lo que se necesita una postura proactiva del Estado para romper con los ciclos históricos que afectan a tantas personas. Hay retos y preguntas, como la articulación con otros ministerios, la financiación y su posible redundancia con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, que hacen necesario aprender de las experiencias internacionales.
Mencionemos los obstáculos conocidos. A nivel mundial los ministerios similares que existen en democracias liberales se han convertido en el objetivo favorito del movimiento ultraconservador. Envalentonados por triunfos electorales, los políticos conservadores utilizan las causas de la igualdad para estigmatizar y acusar a los Estados de gastar recursos de manera inadecuada. En España, por ejemplo, la víspera de las elecciones que auguran un cambio de gobierno se ha visto cómo un sector político construye su campaña a partir de atacar proyectos impulsados desde el Ministerio de la Igualdad. Por eso es clave que la vicepresidenta y ahora ministra se concentre en construir consensos en torno a sus propuestas, sabiendo que siempre hay actores de mala fe en medio del debate público.
El riesgo, entonces, es caer en una ineficiencia que luego sea instrumentalizada para deslegitimar la lucha contra la igualdad. No solo porque los proyectos de intervención que se elijan con un presupuesto tan limitado podrían ser errados, sino porque persiste la inquietud de cómo esta cartera se va a compaginar con los otros ministerios. Hay un debate válido sobre si la igualdad no debería, más bien, ser una consideración transversal a todas las entidades del Estado. Pero consideramos que es evidente que si no hay “doliente” en la lucha contra la discriminación, es muy difícil que se le preste la atención que merece. Sin embargo, dependerá de Márquez y del presidente de la República, Gustavo Petro, encontrar mecanismos de conversación fluida y constante con los demás ministerios para que estos temas no sean vistos como aislados.
Dicho lo anterior, es un momento de gran importancia histórica. El Gobierno tiene un diagnóstico acertado de la realidad colombiana: si no atacamos la desigualdad y si no miramos la discriminación y sus raíces, no puede hablarse de un país incluyente y justo. Hasta ahora se han anunciado los viceministerios de la Mujer, la Juventud, la Población LGBTIQ+ y Discapacidad. Utilizar esos enfoques diferenciales sirve para reconocer cómo el prejuicio y la estigmatización alimentan la desigualdad económica y social. No en vano la firma de decretos la realizó el Gobierno desde La Guajira, un departamento azotado por todos los tipos de discriminación y en necesidad de intervenciones urgentes.
No es fácil la tarea que tiene la vicepresidenta y ministra, pero le deseamos éxito, porque el país lo necesita. Que hablar de igualdad sea siempre una política de Estado llevada a la práctica.
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