A hacer historia

TRAS CUATRO AÑOS DE ESTUDIO, consultas, no pocas presiones y un amplio debate democrático en el que participaron todos los actores interesados, el Gobierno expidió el jueves pasado el tan esperado decreto regulatorio de los medicamentos biológicos, incluidos los biotecnológicos de alto costo.

Saludamos con alborozo este paso trascendental porque, como lo advertimos reiteradamente en estas páginas, responde al legítimo anhelo del pueblo colombiano de tener acceso a los medicamentos de última generación y promover un uso eficiente de los recursos disponibles. Con él se abre la puerta a la competencia en este campo del mundo farmacéutico, lo que, según estimados del Ministerio de Salud, se traducirá en una caída del 30 al 60% de los precios de estos medicamentos y en consecuencia generará ahorros para el sistema de salud no inferiores a 600.000 millones de pesos anuales, indispensables para atender otras necesidades prioritarias. Para tener una idea de la importancia de esta suma, con ella cada año podrían construirse siete hospitales nivel 2 con 50 camas.

Visto el decreto desde otra perspectiva, se trata de una decisión admirable, no sólo porque fue tomada a pesar de las presiones ejercidas por los amigos del monopolio, con la ayuda de sus gobiernos respectivos, lo que deja incólume el derecho de soberanía nacional, sino además porque con ella el país asume un liderazgo innovador en materia de regulación sanitaria. Primero estableciendo la opción de una ruta abreviada para el registro de medicamentos biológicos competidores que contengan un ingrediente activo ampliamente conocido y documentado, lo que hoy es válido gracias a los avances científicos en términos de caracterización de las moléculas; y segundo, mostrando al mundo el camino para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de salud de manera inteligente, como lo declaró el ministro de Justicia.

Sobrada razón tuvo, pues, el presidente Santos cuando utilizó estas palabras para invitar al ministro de Salud y su equipo de colaboradores a pasar de su despacho al salón donde firmaría el decreto en presencia de los medios: “Los invito a acompañarme a la firma del decreto. Vamos a hacer historia”.

Pero la gestión no termina aquí. Ahora sigue la expedición de las guías que permitirán darle plena vigencia al decreto, para lo cual el Ministerio de Salud dispone de un plazo no mayor a 12 meses. Basados en las cuentas oficiales, nadie puede olvidar que el proceso de cuatro años de debate le costó al pueblo colombiano más de dos billones de pesos, que fueron a parar a las arcas de un puñado de multinacionales farmacéuticas. Esta novela no se puede repetir.

También será indispensable fortalecer el Invima para que pueda cumplir con rigor técnico-científico las delicadas funciones a su cargo y garantizar así que por ningún motivo se llegue a sacrificar la calidad de los productos ni la seguridad de los pacientes. El convencimiento que tenemos de que este era un paso absolutamente necesario no nos ciega frente a los peligros que pueden aparecer si se llegan a colar los “avivatos” de siempre que quieran hacer negocio con productos de no comprobada calidad.

Estaremos acompañando al presidente Santos, al ministro Alejandro Gaviria y a su equipo de colaboradores, al lado de los actores comprometidos con la defensa de los derechos humanos, en la tarea de implementación, pronta y cabal, del decreto. Ellos notificaron al mundo esta semana, para orgullo y gratitud de los colombianos, que en sus manos el derecho fundamental a la salud y los medicamentos estará siempre por encima de los intereses comerciales. Ahora les corresponde dejar por fuera de cualquier duda la calidad de estos medicamentos que llegarán a los cuerpos de los colombianos. 

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