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Los trámites administrativos en Colombia tienen el mal hábito de convertirse en torturas innecesarias para las personas más necesitadas. Es lo que viene ocurriendo desde hace años en el sistema de salud: a pesar de que las enfermedades crónicas y de alto costo están cubiertas junto con sus medicamentos, en el día a día las peleas contractuales hacen que los pacientes tengan que rogar para recibir los insumos necesarios de sus tratamientos. Se trata de una vulneración a su dignidad y a la promesa de la salud como derecho fundamental, y la causa es, entre varias otras, un aparato burocrático anticuado y a menudo paquidérmico. Por suerte, una decisión del Ministerio de Salud que entrará a regir a partir del mes entrante da un gran paso para aliviar este problema.
El Decreto 441 de 2022 ha sido promovido por el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y la viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy Casadiego, como una herramienta esencial en la defensa de los derechos de los pacientes y un instrumento para agilizar los trámites en el sistema de salud. Aunque a menudo se han hecho promesas no cumplidas de este calibre en el sector, varios de los cambios introducidos en la normativa expedida son de celebrar para seguir construyendo un sistema de salud mucho menos hostil. También debería servir para alimentar el debate presidencial sobre cómo se puede construir sobre los avances que se han logrado gracias a buenos manejos en administraciones consecutivas.
El cambio más sonado, por ser el que más impacta a los colombianos, es el de las autorizaciones. Básicamente, las nuevas reglas de contratación entre el Instituto Prestador de Salud (IPS) y la Entidad Promotora de Salud (EPS) prohíben las autorizaciones al prestar ciertos servicios. Aunque parece un mero asunto procedimental, tiene efectos prácticos importantes: en adelante, la población materno-perinatal y los pacientes con cáncer o VIH podrán ser atendidos y solicitar medicamentos directamente en el IPS. Una queja recurrente en los más de 500.000 pacientes a los que les aplica esta medida es que las autorizaciones de las EPS demoran tratamientos y medicamentos, en ocasiones con resultados trágicos. Todos los casos en los que la burocracia afecta el servicio son una falla a las promesas constitucionales y una vulneración a la dignidad de las personas.
El decreto va más allá. Se trata de la actualización de una norma que llevaba quince años sin ser modernizada, y se nota. Se eliminan trámites, se establecen mecanismos para que los pacientes no sean remitidos de un lugar a otro de manera indiscriminada, crea herramientas de información para casos en los que haya terminación de contratos o los períodos de transición entre un contrato y otro, y propone un sistema de pagos que, si funciona, va a ser más transparente y a premiar los buenos resultados del sistema.
Hace poco, a propósito de la creación de laboratorios con capacidades de investigación, el ministro Ruiz dijo que el “sistema de salud debe tener todas las capacidades para poder defenderse de futuras emergencias sanitarias”. No solo eso: también tenemos pendiente que atender las emergencias rutinarias, las que definen el día a día de los colombianos, sea mucho más eficiente. Se dio un buen paso hacia adelante con esta regulación del Ministerio de Salud, y ahora habrá que asegurarse de que se cumpla y no se le impongan retenes, como muchas veces sucede. Un reto para el futuro presidente será seguir en la transformación de un sistema frágil y con muchas deudas en la calidad del servicio, pero que tiene también buenos resultados por mostrar.
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