Hacinamiento carcelario

Pese a que de vez en cuando los titulares de la prensa denuncian esta situación, y se oyen algunas voces con argumentos en contra, es más bien poco lo que se ha hecho para que la situación mejore. Muchos de los académicos que tratan los derechos de los reclusos coinciden en que no es un tema popular; popular es, por el contrario, subir las penas que deben afrontar, sin miramiento alguno en las condiciones de hacinamiento que viven. Luchar por que los presos tengan derechos es casi un contrasentido en una sociedad revanchista: “que se pudran en la cárcel”, se ha oído.

Cuesta trabajo decir estas palabras debido a las múltiples crisis que ha habido desde la mitad del siglo pasado para acá (para ello sería oportuno visitar el texto “Un siglo de crisis carcelaria”, publicado en este diario el 21 de diciembre pasado), pero la situación se está saliendo de las manos: hay 1.239 personas en las estaciones y en las URI de la capital. Los uniformados y los vecinos de dichos lugares están asustados frente a previsibles amotinamientos y quejas. No saben qué hacer. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el hacinamiento llega a la escandalosa proporción del 200%. Son seis los detenidos por hora, pero la Policía no sabe a dónde llevarlos. El mal es sistémico: muchas instituciones están fallando en algún punto, volviendo la inhumana realidad de los reclusos un círculo vicioso.

Las medidas se avecinan: el ministro de Justicia, Yesid Reyes, ha hablado de las que son de contingencia y las que pueden llevarse a largo plazo. Las primeras, claro, ocupan una labor administrativa: que quienes permanecen en estos centros sean trasladados a otros lugares. ¿Podrían tener allá sus derechos asegurados? Lo dudamos mucho. El mal del hacinamiento es un síntoma (el más elocuente) de una crisis extendida en nuestra política criminal. En nuestra manera de ver al criminal, entender el fin resocializador de la cárcel, y la forma en que el delincuente tiene una serie de derechos inmutables, así haya cometido uno o varios crímenes.

Respecto al largo plazo, Reyes habló, en entrevista para este diario, de medidas que pueden tomarse: el trámite de una racionalización de la detención preventiva, por ejemplo. Y eso está bien. En Colombia, la figura de la detención preventiva (ir a la cárcel sin tener condena en firme) está pensada como la excepción, pero se aplica como la regla: todos los presuntos delincuentes, al parecer, cumplen las estrictas causales para mandarlos a la cárcel de forma preventiva. Lamentamos pensar que esto es más por costumbres perversas de los jueces que por miles de casos exactamente iguales.

Y así, ya por esta vía de reformar el sistema, debería pensarse en las varias alternativas que sectores defensores de la población reclusa vienen pidiendo desde hace rato: penas más flexibles, posibilidades amplias de pasar la pena extramuros (no sólo para los ricos o poderosos, sino para más gente), regímenes de visitas y de trabajo mucho más amplias, entre otras. ¿O seguimos titulando cada dos meses sobre el problema que lleva más de medio siglo y que se sale de madre cada tanto? Ya llegó la hora de afrontarlo por donde es.